Tomado del DIARIO CRITERIO 

Mientras el país atendía los efectos de la protesta social que estalló por la propuesta de reforma tributaria, un grupo de congresistas de Cambio Radical patinaba una iniciativa que le daría un golpe al bolsillo de los colombianos dueños de carros y motos.

Se trata del proyecto 458 de 2021, que está a punto de convertirse en ley de la república, cuyo título rimbombante dice lo siguiente: “por el cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, (SOAT), se modifica la ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”.

A simple vista, la iniciativa de siete artículos parece una tendida de mano a los colombianos, pero cuando se lee la letra menuda del articulado propuesto, que se discutió en la comisión sexta del Senado, es posible descubrir algunas perlas.

Las cifras del SOAT

Para nadie es un secreto que el SOAT se convirtió en una póliza de mucha ayuda ante las elevadas cifras de accidentalidad en Colombia. Solo en 2019, las autoridades reportaron 175.000 siniestros viales que dejaron un penoso saldo de 744.000 lesionados y 40.500 personas heridas de gravedad. Y en el periodo 2010–2018 el país acumuló 1.667.500 siniestros con 2.332 muertos. A esas dolorosas cifras se agrega que, gracias al SOAT, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) recibe cada año dos billones de pesos.

No obstante, llama la atención que en la ronda de medios que hizo la senadora y ponente Ana María Castañeda Gómez para socializar el proyecto pocas veces se abordó el espinoso asunto de las sanciones que incluye la iniciativa. Su énfasis giró en torno a los incentivos y aseguró que la iniciativa “favorece el bolsillo de los colombianos”, tal como escribió en su cuenta de Twitter.

Las perlas del proyecto

Diario Criterio intentó hablar con la congresista Castañeda, pero hasta la publicación de este artículo no había respondido a los mensajes que dejamos en su celular. No obstante, este medio tuvo acceso al proyecto y el estudio con el que se respaldó.

La primera sorpresa es que deja por fuera de los beneficios a los propietarios o usuarios de las motos. La idea plantea descuentos que van desde el 5 por ciento y hasta un máximo del 10 por ciento sobre el valor de la póliza para los tomadores del SOAT que no se accidenten. El descuento se aplicaría así: 5 por ciento el primer año, 7,5 por ciento el segundo año y 10 por ciento para el tercer año seguido sin sufrir siniestros viales.

El proyecto también permite que los tomadores del SOAT para automóviles puedan usarlo para el cubrimiento de daños a bienes de terceros, por un monto máximo de diez salarios mínimos mensuales. Es decir, el SOAT también se usaría como una póliza que ampara la responsabilidad civil extracontractual. Hasta ahí todo normal.

La polémica nace en el artículo 3, que habla de una adición al artículo 42A del Código Nacional de Tránsito. En el parágrafo 3 de ese artículo se lee claramente que el proyecto sanciona de manera automática con una orden de comparendo al propietario del vehículo que no renueve el SOAT.

Como en la redacción no se distinguen carros y motos, sino que habla de manera genérica de vehículos, hay quienes creen que la multa aplica para los dos tipos de vehículos. Así las cosas, hoy el valor del comparendo por transitar con SOAT vencido o sin este documento es de 895.000 pesos.

Lo curioso es que en la explicación de la conveniencia del proyecto se refieren a la sanción impuesta con el siguiente eufemismo: “Establecer un segundo incentivo, en este caso negativo, por el cual se dispone una multa recaudada por la no renovación del SOAT”.

En las motivaciones de la iniciativa también se explica que “este proyecto pretende servir como herramienta legal que motive un cambio real de conducta en los actores viales, especialmente en lo relativo a la adquisición del SOAT. (…) Para ello, se propone hacer uso de dos herramientas: el incentivo y la sanción”.

En el polémico parágrafo sancionatorio también se estipula como única excepción para la multa por no renovar el SOAT que el vehículo no se encuentre circulando “ya sea por estar inmovilizado por una autoridad competente o por fallas mecánicas de éste”. No obstante, advierten que para acceder a esa excepción el propietario tendrá que realizar el trámite de registro de la novedad ante el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Es decir, la norma dejaría por fuera a quienes guarden sus vehículos y no los usen por voluntad.

Al respecto, Miguel Gómez, presidente de la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda), entidad que aglutina a las 35 aseguradoras que operan en el país, se pronunció criticando la ampliación de coberturas y descuentos porque pone en riesgo el funcionamiento del seguro pero apoya las sanciones en torno a la evasión.

“El proyecto tiene unas virtudes que son importantes. La más interesante es el esfuerzo que se hace en disminuir la evasión porque uno de cada dos vehículos que circula por las carreteras de nuestro país no tiene SOAT. Tiene otro aspecto que nos parece positivo y es que genera una serie de descuentos para las personas que no tienen accidentes”, explicó Gómez en un comunicado.

Sin embargo, cuestionó que en la iniciativa se excluyera a las motos, “lo cual es muy negativo porque el 88 por ciento de los accidentes que hay en Colombia está vinculado a una motocicleta”, aseguró el dirigente gremial.

La preocupación del presidente de Fasecolda es entendible porque, según cifras del Runt, en el país circulan 16 millones de vehículos, y el 59 por ciento son motocicletas. A esa estadística se agrega que, mientras el sector automotriz se rezagó durante el paro, las ventas de motos siguen disparadas con un crecimiento del 157 por ciento, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), y “45.195 motocicletas matriculadas solo en mayo de 2021”.

Otra cosa piensa Alejandro Rubio, presidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia (Asomocol), quien cuestionó la discriminación que hace el proyecto para las motos: “No las cobija con los beneficios, pero sí les extiende las sanciones”, argumentó. De aprobarse la iniciativa, “habrá que estar atentos a la reglamentación”, aseguró Rubio a Diario Criterio.

El líder cívico aprovechó la coyuntura para cuestionar la poca claridad que existe alrededor del manejo del dinero del SOAT que se destina para cubrir los siniestros ocasionados por vehículos con pólizas vencidas o los llamados ‘carros fantasmas´, “y que se aglutinan a través de la cuenta del Fosyga dentro del ADRES”, denunció. 

En efecto, dentro del proyecto se discrimina que de los 452.850 pesos que un colombiano pagó por el SOAT en 2018, el 66 por ciento de ese rubro se giró a las aseguradoras para cubrir la prima y un 33 por ciento para el ADRES. Y de ese monto, solo se destinan 8.021 pesos por cada póliza para la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Tal vez por esa razón le llueven críticas al proyecto de ley que busca modificar el SOAT en Colombia; una iniciativa que parecería importarle más el recaudo de recursos y sancionar que invertir en prevención y seguridad vial.

Nota aclaratoria: Una vez publicado este artículo, la senadora Ana María Castañeda Gómez, ponente del polémico proyecto de ley, se contactó con Diario Criterio y reconoció que el punto de las sanciones estaba contemplado en la iniciativa, “pero que en el trámite legislativo se van modificando los proyectos, se aceptan propuestas y al mismo tiempo, si son nocivas, se eliminan”.

Añadió que la ponencia de este proyecto viene con diferentes incentivos positivos, nada que termine afectando al tomador del SOAT: “Todo lo estamos estudiando de manera minuciosa y sigo trabajando en la construcción de la ponencia. Vienen cambios”, explicó la congresista.

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