Polémica por presunto robo en contrato de grúas | Secretaría de Movilidad en el ojo del huracán

Otro escándalo sale a la luz y esta vez enlaza a la Secretaría de Movilidad de Bogotá y las grúas que tanto han sido blanco de quejas por parte de los conductores.

El reciente anuncio de la Procuraduría General de la Nación sobre la apertura de una investigación a funcionarios de Movilidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para el servicio de grúas ha generado una gran inquietud en la capital colombiana.

Este caso, que pone en el ojo del huracán a varias autoridades locales, está relacionado con la contratación y operación del servicio de grúas, un servicio esencial para el control vehicular y la gestión del espacio público en una de las ciudades más congestionadas.

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¿Qué pasó con el tema de las grúas?

El proceso investigativo surge tras denuncias que apuntan a posibles actos de corrupción en la contratación y ejecución del contrato en cuestión.

Según la información revelada por nuestros colegas de Infobae, los ingresos generados por el contrato suscrito con el concesionario GYP S.A.S., tiene varias irregularidades.

Como, por ejemplo, que, de los ingresos generados, solo el 17.7% ingresó presuntamente al Distrito, mientras que el valor restante, 82.3% habría sido destinado al concesionario.

Es decir, de los más de 162 mil millones que se recaudó entre abril del 2018 y enero del presente año, al parecer, solo 28 mil millones de pesos llegaron a la Secretaría de Movilidad, los otros 138 mil millones fueron embolsillados por el concesionario.

Por este motivo, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción ordenó de manera inmediata la recolección de pruebas para lograr esclarecer esta situación que, de hecho, se trataría de un desfalco que compromete tanto funcionarios como al mismo concejo de Bogotá.

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De ser esto comprobado, los funcionarios de Movilidad se podrían enfrentar a varias sanciones, tanto disciplinarias como penales.

No solo esto sucedería, sino que, además, el concesionario incurría en multas que compenses el robo al Distrito y la inhabilitación para celebrar contrato con entidades públicas por un período que oscila entre 5 y 20 años.  

La preocupación principal radica en la transparencia del proceso y la adecuada gestión de los recursos públicos, temas que son de vital importancia en la administración de una ciudad tan grande y compleja como Bogotá.