Por un motociclismo sin atropellos

En pasado 12 de febrero se realizó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes una audiencia en torno al tema de un motociclismo sin atropellos, la cual contó con la participación de algunos líderes de los motociclistas, del mototaxismo en la costa atlántica, las autoridades nacionales, distritales, la Secretaría de Movilidad, los empresarios del sector, la ANDI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la policía Nacional y por supuesto Asomocol en cabeza de su presidente. Se extrañó la ausencia de la Secretaría de Seguridad del Distrito, entidad que fue la encargada de emitir el decreto 068 2018, con el cual se restringió la movilidad a los motociclistas con acompañante en un sector de la ciudad de Bogotá. 

En esta audiencia se cuestionaron duramente las medidas de orden restrictivo tomadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y que también han sido implementadas en otras 85 ciudades del país, en contra de la circulación de los motociclistas. Recordemos brevemente que ya somos castigados con restricciones como el pico y placa, no poder abastecer de combustible en ciertos puntos y horarios, demás de la prohibición de llevar un acompañante en varias ciudades. Claramente este tipo de medidas no solo va en contra de un derecho fundamental garantizado en la Constitución Nacional como es el de la libre movilidad de los ciudadanos (artículo 24 de la Constitución Colombiana), sino que también vulnera el derecho al trabajo y discrimina a los usuarios de moto. El representante a la Cámara Dr. Carlos Eduardo Guevara afirmó que: “…este decreto tiene una falsa motivación, al afirmar que la gran mayoría de delitos cometidos en Bogotá, se realizan desde una motocicleta, más puntualmente por el acompañante, cuando la realidad que evidencian las cifras suministradas por las mismas autoridades, refleja que solamente en un 5% de estos delitos se empleó una motocicleta. De los más de 27.000 delitos registrados el año anterior en Bogotá, 3.314 se cometieron empleando una moto y un número sustancialmente mayor fueron cometidos utilizando automóviles particulares y taxis”.

De esta manera la restricción a la circulación de motociclistas por ciertos sectores de la capital es una medida discriminatoria hacia quienes emplean una moto como medio de movilidad, de trabajo o de sustento para sus familias y afecta directamente la economía de los hogares, como ya lo expresó con anterioridad la Corte Constitucional. “La ley establece que las administraciones pueden implementar restricciones temporales en virtud medidas de orden público, por razones de seguridad; pero dichas restricciones no pueden ser sobre las personas, deben ser sobre un vehículo automotor”. Agregó el Guevara.

Recordemos que sistema de transporte público de Bogotá incrementó la tarifa en un 25% durante el último año. El problema de fondo es que la administración distrital busca obligar a la gente a la brava a usar su sistema de transporte masivo, con el fin de recoger recursos para cubrir el gigantesco déficit de 6 billones de pesos que presenta el sistema al día de hoy.

Además a los motociclistas se nos sanciona severamente, y no sucede lo mismo con los otros actores viales cuando se infringen las mismas normas de tránsito o se cometen delitos. Al parecer las motocicletas son ‘el chivo expiatorio’ de la incapacidad de muchos gobernantes para tomar las riendas de sus ciudades y solo ven, de manera miope, a las restricciones como una solución a los problemas que los aquejan.

La Comisión Sexta de la Cámara de representantes anunció que va a estar muy atenta al seguimiento y análisis del impacto social del decreto 068 2018 y le ratifico al Alcalde Peñalosa que al tener una falsa motivación, dicho decreto puede ser demandado y derogado vía tutela de ser necesario. El problema de seguridad en Bogotá es un tema estructural, que genera la incapacidad de controlar la delincuencia, no son los motociclistas, es la falta de policías. Bogotá tiene un déficit del 11% menos pie de fuerza y un 49% menos de auxiliares de policía, comparada con el promedio nacional. El tema también es la evidente carencia de cámaras de seguridad, la capital cuenta con solo 800 cámaras de vigilancia, de las cuales menos de 200 están funcionando actualmente; una cifra irrisoria si la comparamos con un centro comercial que puede contar con más de 250 cámara completamente funcionales. Esto se agrava con la reincidencia de los delincuentes, quienes son atrapados y dejados en libertad rápidamente por las autoridades.

Los representantes de los motociclistas declararon su inconformidad con la administración distrital, toda vez que luego de varias reuniones con la Secretaria de Movilidad y la Secretaría de Seguridad  para buscar una salida concertada al tema de la restricción de acompañante, no fueron atendidas ninguna de sus recomendaciones y por el contrario, las autoridades de tránsito emprendieron fuertes persecuciones incluso buscando cualquier pretexto para inmovilizar motocicletas. “…un motociclista del común ya no sabe por dónde puede circular tranquilo, si no es la persecución de las autoridades, son los delincuentes quienes nos están robando nuestras motos, nuestro medio de transporte, nos están acorralando”.

En su intervención el Senador Manuel Virgüez ratificó que el artículo sexto del Código Nacional de tránsito (LEY 769 DE 2002) dice que: “Los gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito”. Además resalto que según la misma ley se define la motocicleta como: “Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un acompañante”. Por lo tanto, solo el Congreso de la República es quien tiene la competencia para modificar las normas de tránsito y mientras esa norma no se modifique en el Congreso, ningún Alcalde o Gobernador puede hacer nada al respecto. Igualmente el senador Virgüez denunció que la Cátedra de Educación Vial no se está cumpliendo y enfatizo: “…Pareciera que al Estado le interesa que los ciudadanos seamos ignorantes viales, porque dicha ignorancia le genera dinero”.