¡ABUSIVOS! Inmovilizan por infracciones que no existen. Concejal se paró duro por los conductores

Una grave denuncia fue presentada por el concejal Julián Forero, quien alertó sobre un preocupante aumento en los casos de inmovilización arbitraria de vehículos en Bogotá. Estos son realizados por agentes civiles y policías de tránsito. Este fenómeno está ligado a un incremento en ciertas infracciones denunciadas. Según reveló, varios conductores han sido víctimas de actuaciones sin fundamento legal que no solo vulneran sus derechos. Además, podrían estar ligadas a intereses económicos particulares, relacionados con infracciones.

De acuerdo con la investigación desarrollada por el equipo jurídico del cabildante, en lo corrido de 2025 ya se han registrado al menos siete casos de vehículos inmovilizados en la ciudad. Esto es debido a las infracciones D03, D04 y D07, a pesar de que la Ley 2435 de 2024, vigente desde el 12 de noviembre del año pasado, eliminó estas faltas como causales de inmovilización. Desde la implementación de esta norma, estas infracciones solo deberían derivar en un comparendo. Sin embargo, no en el traslado del vehículo a patios.

Palabras del Concejal sobre el tema de las infracciones

“El problema no es solo que se estén cometiendo errores, sino que hay una conducta reiterada> en la aplicación indebida de estas sanciones debido a ciertas infracciones señaladas. Los agentes están actuando fuera del marco legal. Esto configura posibles faltas disciplinarias y delitos por abuso de autoridad”, señaló Forero, visiblemente preocupado por la gravedad de los hechos.

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Pero la denuncia va más allá del abuso de autoridad. Según el Concejal, estas inmovilizaciones injustificadas estarían alimentando un sistema económicamente incentivado, donde los actores privados se benefician directamente del error institucional. Forero hizo énfasis en el negocio de las grúas y patios, señalando que por cada moto inmovilizada se genera un cobro completo de transporte. Es como si la grúa hubiera trasladado únicamente ese vehículo, inflando los costos para el ciudadano afectado por infracciones.

En este contexto, Forero cuestionó fuertemente el papel de la empresa G&P, operadora actual del servicio de grúas y patios en Bogotá. Según explicó, esta compañía recibe el 83 % del recaudo total generado por las inmovilizaciones. Esto, a juicio del cabildante, ha creado un “perverso incentivo” que convierte el procedimiento en un negocio lucrativo. “Hasta que no se apruebe nuestro proyecto de acuerdo para regular este sistema, los abusos continuarán. Los ciudadanos seguirán siendo los más perjudicados”, aseguró Forero.

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Un punto alarmante que también destacó el concejal es la falta de información y reacción por parte de los conductores. De los siete casos identificados por su equipo jurídico, solo uno fue impugnado. Los otros seis pagaron la sanción completa, incluyendo la grúa y los patios, sin saber que la inmovilización era totalmente injustificada. Esta situación revela una preocupante desinformación ciudadana y una ausencia de canales efectivos para apelar este tipo de infracciones.

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A esta problemática se suma lo que Forero calificó como “silencio institucional”. El Concejal denunció que la Secretaría Distrital de Movilidad no actuó para revertir los cobros. Tampoco defendió a los ciudadanos afectados, permitiendo que el sistema privado opere sin control ni correcciones. “Lo más grave es que, aun conociendo los casos, no hicieron nada. No hay voluntad de frenar el abuso ni de revisar las actuaciones irregulares”, denunció con firmeza.

Actualmente, el concejal ha interpuesto quejas disciplinarias contra los agentes involucrados y se encuentra a la espera de que se tomen medidas correctivas y sanciones ejemplares. Además, reiteró el llamado urgente a la Secretaría de Movilidad para que adopte mecanismos de control, revise los contratos con operadores privados y proteja los derechos de los conductores frente a las infracciones perpetradas.

Las injusticias que se dan en este país

“Forzar al ciudadano a pagar por una inmovilización ilegal no solo es injusto, es una burla al principio de legalidad y al sentido común. Exigimos el fin de estos atropellos y una reforma urgente al modelo actual que regula las infracciones,” concluyó Forero. Su denuncia destapa una problemática que, de no corregirse, podría seguir minando la confianza pública en las instituciones de tránsito de la capital.

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