Proyecto de Ley de Financiamiento

El pasado 31 de octubre fue radicado ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Financiamiento. Su objetivo es recaudar los $14 billones que hacen falta en el presupuesto de la nación para el 2019. Por supuesto, el debate no se hizo esperar y la atención de todos está clavada principalmente en la medida de extender el IVA a la mayoría de los productos y servicios de la canasta familiar con una tarifa general del 18%. Hasta el pan tendría IVA.

Sin embargo, el proyecto esconde otras medidas que no son tan evidentes, pero sí supremamente lesivas para los derechos colectivos de los colombianos, como el derecho a un ambiente sano, desarrollado por la Corte Constitucional en sentencias como la T-092 de 1993; C-431 de 2000; C-671 de 2001; T-458 de 2011; y T-154 de 2013.

La pasada reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) estableció en su artículo 185 (que modificó el 468-1 del Estatuto Tributario) una tarifa diferencial del 5% del IVA (y no la general del 19%), entre otros, para los vehículos eléctricos, dados sus comprobados beneficios para la calidad del aire en contextos urbanos.

Ahora, el proyecto de ley de financiamiento en cuestión deroga integralmente el art. 468-1 y, con ello, el IVA del 5% para vehículos eléctricos, incrementándolo al 18% en 2019 y 2020, y luego de 2021 dejándolo en el 17%. Así las cosas, los costos de un vehículo eléctrico se incrementarán, teniendo un alto impacto en la penetración de estas tecnologías en el país.

A nivel mundial, la movilidad sostenible es una de las grandes apuestas para mitigar no sólo los impactos negativos en salud pública de la mala calidad del aire, sino también para disminuir las emisiones de GEI y su consecuente impacto en el cambio climático. De los pilares de la movilidad sostenible se puede destacar uno que viene al caso y es la promoción del uso de vehículos de bajas o cero emisiones, entre ellos, los vehículos eléctricos.

En las ciudades colombianas, más del 80%[1] de la contaminación que afecta la salud pública y el 16,8%[2] de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por el transporte. Esta contaminación del aire se traduce anualmente en cerca de 5,000 muertes prematuras y casi 65,000 años de vida ajustados según discapacidad (AVAD).[3] Las pérdidas causadas anualmente por la contaminación local del aire ascienden a $5,7 billones[4].

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Otros datos: Según el Departamento Nacional de Planeación, de los $20,7 billones estimados en costos para el sector salud en 2015, es decir 2,6% del PIB para ese año, el 75% (o $15,4 billones) se gastaron en problemas de salud asociados a la mala calidad del aire urbano. Según las cuentas de la entidad, solo hasta ese año se habían registrado 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades de corte respiratorio en el país[5].

La promoción de la movilidad sostenible es una política de estado en Colombia. Desde 2016, con la Resolución 41286, el Ministerio de Minas y Energía estableció metas ambientales de eficiencia energética en las que el sector transporte vería la introducción de vehículos eléctricos. En 2017, con la Resolución 1988, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó las mismas metas. También en 2016 fue sancionada la Ley 1811 (Ley Probici), que creó incentivos al uso de la bicicleta, haciéndolos extensivos a las bicicletas eléctricas.  

Por su parte, en 2017, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 1116, que aprobó la reducción de arancel para vehículos eléctricos e híbridos con el 0% y 5% respectivamente, para un total de importación de 52.800 unidades entre 2017 y 2027. Y para 2018 son expedidos los Documentos CONPES 3934 sobre la Política de Crecimiento Verde y 3943 de la Política de la Calidad del Aire.

Todo lo anterior, como una política clara y contundente en la apuesta de Colombia por la introducción de mejoras tecnológicas para mejorar la calidad del aire del país.

De ser aprobada como está, la Ley de Financiamiento tendrá un efecto negativo para la movilidad sostenible y la transición hacia fuentes móviles limpias y esto, en términos directos, significa la agudización del deterioro de la calidad del aire del país, con los consecuentes problemas y billonarios costos en salud pública, además del descomunal retroceso en materia de política pública de sostenibilidad.

Esto significaría, de paso, desconocer en parte la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 que elaboró la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y que Colombia ratificó mediante la Ley 164 de 1994. Así mismo, implicaría desatender la Conferencia de las Partes (COP), cuya versión 21 se realizó en diciembre de 2015 en París, y que aprobó un acuerdo adoptado ya por 195 países, entre ellos Colombia que lo ratificó por la Ley 1844 de 2017, en el que se comprometió a cumplir una meta unilateral e incondicionada de disminuir un 20% las emisiones de GEI con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030. Esto es imposible si no hay migración de tecnología vehicular de combustión a tecnología eléctrica.

A junio de 2018, en el país habían registrado 2483 vehículos eléctricos (754 VE de 4 o más ruedas y 1.729 motos eléctricas). Lo anterior, representó una participación del 0,02% sobre el total del parque automotor nacional. Este año 2018 ha sido el mejor año para la penetración de vehículos eléctricos, con un crecimiento estimado a cierre de año alrededor del 250%, gracias a una política de estímulos de arancel y, sobre todo, del IVA del 5% vigente desde 2017 (hace apenas menos de 2 años). Con este incremento de IVA, los vehículos eléctricos dejarán de ser atractivos, desestimulando su adquisición y por ende su impacto medio ambiental.

“¡País de contrasentidos!” podrán decir los demás países que si están tomando medidas cuerdas para luchar contra el cambio climático.

Se borra de un plumazo todo lo avanzando en movilidad eléctrica y es un portazo en la cara de todos, todos los locales y foráneos que durante años han hecho esfuerzos ingentes para contrarrestar el cambio climático.

Se deben reconocer los retos que enfrenta el Gobierno para financiar el presupuesto nacional, pero hay que considerar y ser coherentes también con la política nacional en materia de sostenibilidad, cambio climático y movilidad sostenible. ¡Indudablemente se deben buscar fuentes de financiamiento para el presupuesto nacional, pero esto no debe afectar la salud de todos los colombianos!

VER GALERÍA COMPLETA

[1] Diagnóstico de la Salud Ambiental en Colombia, 2012

[2] IDEAM, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, noviembre 2016

[3] Diagnóstico de la Salud Ambiental en Colombia, 2012

[4] Íbid.

[5] https://www.elespectador.com/vivir/autos/la-tendencia-hibrida-y-electrica-aumenta-articulo-709871