¡Sin cámaras no hay fotomultas! Por falta de procedimientos quedarían sin validez varias en el país.

Varios informes de diferentes medios revelaron que cerca de 504 de las 990 cámaras de fotomultas en Colombia operan sin autorización vigente, lo que equivale al 50,9 % del total. Esto afecta especialmente a Bogotá, Medellín y Cali, donde una proporción significativa de dispositivos no cuenta con permiso legal activo.

• Bogotá tiene instaladas 168 cámaras, pero solo 39 están autorizadas.
• En Medellín, 82 de las 133 cámaras perdieron su permiso.
• Y en Cali, 42 de 126 dispositivos ya no cuentan con aval legal para imponer comparendos.

Este «apagón» ocurre porque la vigencia de autorización de estos equipos es de cinco años, y muchas alcaldías no gestionaron su renovación a tiempo, lo que hace ilegal cualquier comparendo emitido por esas cámaras.

¿Qué significa para motociclistas?

Para los usuarios de moto, circular en ciudad implica riesgo no solo por el tránsito, sino por posibles fotomultas por exceso de velocidad, infracciones a pico y placa o reverificación técnico-mecánica vencida. Pero si una cámara está operando sin autorización, la multa queda expuesta a impugnación.

El abogado Fabio Humar señaló que una infracción de tránsito impuesta por una cámara sin permiso “no existe en el plano jurídico”. Los afectados pueden solicitar la anulación inmediata del comparendo presentando un derecho de petición junto con evidencias como el certificado de autorización, calibración y mantenimiento vigente.

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¿Cómo impugnar una fotomulta ilegal?

Según las autoridades y expertos legales, hay pasos claros:

1. Solicita copia del acto administrativo que autoriza la cámara.
2. Pide los certificados de calibración, mantenimiento o prueba técnica.
3. Presenta un derecho de petición ante la Secretaría de Tránsito para requerir esas pruebas.
4. Si no las entregan o están vencidas, esa fotomulta puede ser declarada nula desde lo jurídico.

Entre tanto, los infractores también pueden optar por audiencias de impugnación o cursos de tránsito para reducir el pago de la multa en caso de infracción comprobada legalmente.

¿Qué llegaría a cambiar para las cámaras según el debate político?

El Decreto Ley 2106 de 2019, reglamentado por la ANSV, estipula la vigencia de cinco años para dispositivos de fotodetección instalados desde su promulgación. De no renovarse esos permisos, las cámaras pierden su respaldo legal y deben dejar de operar.

Además, en Bogotá, el Concejo Distrital aprobó un acuerdo para eliminar cámaras mal señalizadas o camufladas, que han generado acusaciones de ser más recaudatorias que preventivas. Se exige ahora la identificación clara de ubicación, señalética visible y campañas informativas para legitimar su uso.

El concejal Diana Diago defendió la medida como una forma de frenar prácticas abusivas, argumentando que las fotomultas crecieron un 900 % en tres años sin bajar la siniestralidad vial.

¿Qué cambios vienen para las cámaras?

Aunque estos dispositivos dejaron de funcionar por falta de permisos, la ANSV anunció que a partir de agosto de 2025 Cali instalará 40 nuevas cámaras autorizadas, lo que apunta a corregir deficiencias y recuperar operatividad normativa.

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En paralelo, se discuten en el Congreso propuestas legislativas que exigen identificación clara del conductor, no sólo del propietario, para imponer fotomultas. Esto se alinea con la jurisprudencia que exige precisión en la responsabilidad penal del infractor.

Consejos para motociclistas ante esta situación

• Verifica si la fotografía corresponde a tu vehículo, especialmente si hubo vehículos gemelados o placa parecida.
• Haz seguimiento del SIMIT o la plataforma de tu ciudad para revisar si existe registro de notificación errónea o tardía.
• Si crees que tu fotomulta fue generada por una cámara sin permiso, presenta derecho de petición solicitando el certificado de autorización y calibración.
• Aprovecha la vía del curso de tránsito o audiencia de impugnación si tu infracción es legal pero reconoces que necesitas defensa o descuento.
• Mantente informado de cambios normativos o nuevas instalaciones, ya que en varias ciudades se examinan y renuevan autorizaciones para garantizar operatividad legal.

El reciente apagón de más del 50 % de cámaras de fotomulta en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali no solo es una alerta para las autoridades, sino una oportunidad para conductores y motociclistas: las multas impuestas por esos dispositivos sin autorización vigente son impugnables y pueden ser anuladas.

Sin embargo, es clave actuar con conocimiento y asesoría legal. Mientras se espera la aprobación de leyes que mejoren la identificación del infractor y se instalen cámaras correctamente autorizadas y señalizadas, el ciudadano debe estar atento: no basta pagar una multa, también se debe exigir que sea legal y justa.