ficha-tecnica
CFMoto 650 GT

Precio de la CFMoto 650 GT: 39.990.000 COP
*Los precios, las especificaciones y demás datos suministrados pueden modificarse en cualquier momento. Los precios no incluyen costos de matrícula, SOAT e impuestos de rodamiento. Toda la información suministrada es meramente informativa e ilustrativa y se encuentra sujeta a cambios y modificaciones sin previo aviso y por ende NO constituye una oferta comercial ni se puede asimilar a ella. Regirán las condiciones vigentes al momento de la negociación. Para mayor información y para conocer el equipamiento definitivo del vehículo, el precio y las versiones disponibles en Colombia consulte un asesor comercial o un distribuidor autorizado.
Diseño
Tiene la altura ideal para sentirse integrado a la moto por su comodidad. Combina potencia y estilo. Parabrisas con diseño aerodinámico, ajustable manualmente hasta 60 mm.
Seguridad
Cuenta con suspensión ajustable KYB delantera y trasera que reduce las vibraciones y frenos ABS Continental.
Tecnología
Pantalla display full color TFT, con indicadores precisos y que se adaptan a las condiciones de luz con un modo especial para conducción nocturna. Tiene puerto USB de 12 voltios para cargar dispositivos. La 650GT integra dos modos de manejo: Touring y Sport.

Actualidad
¡Alerta en la vía! Gobierno propone Impoconsumo a motos de menos de 200 cc y enciende las alarmas en el Congreso
La discusión de la denominada «Ley de Rescate Económico» en las comisiones económicas conjuntas del Congreso ha dado un giro inesperado que mantiene en vilo al sector motociclista nacional. Tras la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar los gravámenes propuestos sobre los alimentos de la canasta familiar, el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas compensatorias que contempla incluir a las motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos —el pilar fundamental del transporte popular y laboral en Colombia— dentro del régimen del Impuesto Nacional al Consumo (Impoconsumo), sumándose al incremento del IVA que ya pesaba sobre la movilidad eléctrica.

El trámite del Proyecto de Ley 477 de 2026 o Ley de Rescate Económico ha estado marcado por pulsos políticos intensos desde su radicación a finales de octubre. Si bien la administración central dio marcha atrás en su intención de gravar con IVA la canasta básica con el fin de apaciguar el descontento social y conseguir consensos mínimos en el legislativo, la necesidad imperiosa de sanear las finanzas públicas y cumplir con las metas de recaudo obligó al equipo económico de la cartera de Hacienda a buscar fuentes alternativas de financiación. El resultado de ese ejercicio técnico y político es una propuesta que traslada parte de la carga fiscal hacia el mercado masivo de vehículos de dos ruedas.

La perspectiva de romper con una exclusión histórica consagrada en el Estatuto Tributario —la cual protegía a las motocicletas de baja cilindrada del Impoconsumo— ha generado un rechazo inmediato entre diversos sectores políticos y agremiaciones del transporte. A esto se suma el delicado panorama del artículo 106 del articulado original, que elimina la tarifa preferencial del 5 % de IVA para motocicletas, bicicletas y vehículos eléctricos para elevarlos de golpe a la tarifa general del 19 %. Ante este escenario de alta tensión, congresistas de las comisiones económicas han manifestado su oposición frontal y preparan una ponencia alternativa para defender el bolsillo de los trabajadores.
Lea también: ¿Tiene una fotomulta pendiente? Denuncia ante la Fiscalía pone bajo la lupa el SIMIT y 7,5 millones de comparendos
¿De dónde surge la medida y qué busca el Ministerio de Hacienda?
Para comprender la magnitud de esta propuesta es necesario analizar la dinámica del déficit fiscal que heredó el actual Ejecutivo. Con el propósito de estabilizar la macroeconomía sin pulverizar los índices de aprobación popular, el Ministerio de Hacienda estructuró el proyecto de ley buscando proteger a los hogares de menores ingresos mediante mecanismos de devolución del IVA. Sin embargo, al desmontar los impuestos propuestos inicialmente sobre los productos agropecuarios y alimentos básicos, la brecha de recursos faltantes obligó a buscar nuevos renglones de tributación.

En las mesas técnicas adelantadas con los coordinadores y ponentes en las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, el equipo económico planteó cuatro modificaciones compensatorias sustanciales. Entre ellas sobresale la revisión de los beneficios tributarios aplicados al transporte de entrada, abriendo la puerta para gravar con Impuesto al Consumo a las referencias con motores iguales o inferiores a 200 cc, un segmento que hasta la fecha se encontraba blindado por el numeral 7 del artículo 512-5 del Estatuto Tributario.

El doble golpe: de la asfixia a la movilidad eléctrica al freno de las motos populares
El texto de la reforma aborda el mercado de las dos ruedas en dos frentes que preocupan profundamente a la industria:
- El mazazo a la electrificación (Artículo 106): el articulado radicado en octubre ya contemplaba suprimir la exclusión y la tarifa diferencial del 5 % de IVA para motocicletas, bicicletas y patinetas eléctricas cuyo valor supere los límites establecidos en UVT. De aprobarse tal como está redactado, cualquier ciudadano que busque dar el salto hacia una moto de cero emisiones deberá asumir de inmediato la tarifa general del 19 % de IVA, desincentivando de golpe las políticas ambientales y de transición energética urbana.
- La amenaza del Impoconsumo en cilindrajes menores: históricamente, las motocicletas de menos de 200 cc solo tributaban el IVA general del 19 % en su comercialización inicial, quedando exentas del Impoconsumo que sí castiga a los vehículos de alta gama. Incluirlas dentro de este último impuesto significaría un incremento artificial en los precios de lista de las referencias más vendidas del país (motos de trabajo, de reparto y de desplazamiento diario).
Voces de resistencia en el Congreso: la respuesta del bloque alternativo
La filtración de estas propuestas de compensación fiscal provocó una reacción en cadena dentro del poder legislativo. Varios legisladores que integran la mesa de ponentes han advertido que el costo social de la medida es inaceptable.
Entre las figuras más destacadas que lideran el rechazo a estas cargas figuran el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín y el senador David Racero, quienes junto a otros congresistas de bancadas alternativas e independientes han señalado que la iniciativa oficial traslada injustamente el peso del ajuste fiscal sobre los hombros de la clase trabajadora. Ante este panorama, el bloque opositor confirmó que trabaja en la radicación de una ponencia alternativa que buscará eliminar del texto definitivo cualquier gravamen al consumo popular, exigiendo que el recaudo fiscal provenga de los sectores corporativos de mayores ingresos y del mantenimiento de la tributación al sector minero-energético.

Radiografía socioeconómica: ¿por qué la moto no es un artículo de lujo en Colombia?
El error técnico más grave que cometen los diseñadores de política fiscal al proponer impuestos al consumo en motocicletas de bajo cilindraje es ignorar la realidad sociológica de América Latina. En Colombia, una motocicleta de 110 cc, 125 cc o 150 cc no cumple una función recreativa ni suntuosa; es, por el contrario, la herramienta primaria de producción y supervivencia para millones de hogares.
- El motor del empleo urbano: es el vehículo indispensable del mensajero, el repartidor de aplicaciones de entrega, el técnico a domicilio y el empleado de turno nocturno que no cuenta con alternativas de transporte público masivo y eficiente en horarios extendidos.
- La economía popular: elevar el precio de adquisición de una motocicleta nueva a través de un nuevo impuesto al consumo no solo deprime las ventas del comercio formal —afectando a ensambladoras, distribuidores y redes de talleres—, sino que encarece el costo de la canasta logística de pequeñas y medianas empresas que dependen de flotas ligeras de reparto.
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Cuadro Comparativo
| Componente del sector | Tratamiento tributario vigente | Propuesta en la Ley de Rescate Económico |
| Motos de menos de 200 cc | Exentas de Impoconsumo / solo IVA 19% | Posible inclusión en el Impuesto al Consumo |
| Motos y vehículos eléctricos | Tarifa diferencial preferencial del 5% | Eliminación del beneficio y paso al 19% de IVA |
| Canasta básica de alimentos | IVA variable / sjustes propuestos | Beneficios condicionados tras presión política |
| Postura de ponentes (Cámara) | Apoyo condicionado al articulado | Radicación de ponencia alternativa (S. Osorio y bloque) |
Pretender gravar con Impoconsumo a las motocicletas de menos de 200 cc es desconocer que para millones de colombianos la moto no es un lujo, sino el único medio de subsistencia y trabajo diario.
El cronograma definitivo y el pulso final en el Capitolio
Con el cierre del periodo de sesiones ordinarias fijado constitucionalmente para el próximo 16 de diciembre de 2026, el margen de maniobra política es sumamente estrecho. Los coordinadores y ponentes de las Comisiones Económicas Conjuntas tienen previsto debatir y votar de manera definitiva el articulado y la ponencia alternativa entre el 1 y el 2 de diciembre. Las principales agremiaciones del sector automotor, los sindicatos y los colectivos de motociclistas mantienen una veeduría estricta sobre el Congreso, exigiendo que se respete la estabilidad de un mercado que sostiene la economía de miles de familias trabajadoras en todo el territorio nacional.

Veredicto PubliMotos
El saneamiento de las finanzas públicas es un objetivo ineludible para la estabilidad macroeconómica del país, pero jamás debe edificarse sobre la asfixia financiera de quienes sostienen la economía real en las calles. Las intenciones del Ministerio de Hacienda de buscar recursos gravando el transporte popular y frenando la transición a la movilidad eléctrica revelan una preocupante desconexión con el pulso cotidiano de la ciudadanía. Desde PubliMotos continuaremos haciendo un seguimiento riguroso y transparente a cada artículo de este proyecto de ley para proteger los intereses de nuestra comunidad.
Actualidad
Golpe tecnológico en el casco: Midland R1 Mesh se actualiza para 48 pilotos y cámaras de acción
Mediante el lanzamiento gratuito de su nuevo firmware V3.36, el fabricante italiano Midland transforma las capacidades operativas de su intercomunicador R1 Mesh. La actualización incorpora dos herramientas clave para las rodadas masivas y la creación de contenido en ruta: la gestión segmentada de hasta 48 usuarios en red mallada y la transmisión inalámbrica de audio grupal directamente hacia las principales cámaras de acción del mercado.

La comunicación en tiempo real sobre dos ruedas ha dejado de ser un lujo exclusivo de los grandes viajeros para convertirse en una herramienta fundamental de seguridad y coordinación en las rodadas de fin de semana. Sin embargo, quienes participan habitualmente en caravanas numerosas conocen de primera mano las limitaciones de los protocolos convencionales: desconexiones repentinas, interferencias cruzadas entre diferentes grupos y la imposibilidad de mantener conversaciones privadas sin saturar el canal general. Consciente de este desafío técnico, Midland ha liberado una actualización de software que eleva sustancialmente el estándar de conectividad en la gama media-alta.

Más allá de resolver la logística de las grandes agrupaciones, esta evolución ataca otro dolor de cabeza histórico para quienes documentan sus viajes en video: la captura de audio limpio sin enredos de cables ni adaptadores externos dentro del casco. Al habilitar el emparejamiento directo por Bluetooth entre el intercomunicador y cámaras de última generación de marcas como Insta360, DJI y GoPro, el R1 Mesh permite registrar las conversaciones reales del grupo directamente sobre la pista de video. A continuación, desglosamos las novedades técnicas de este paquete y su disponibilidad en el mercado colombiano.

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Red mallada expandida: hasta 48 inscritos y 8 subgrupos privados
El pilar principal del nuevo firmware V3.36 radica en la función denominada Expansión de grupo en malla. Mientras que en configuraciones tradicionales administrar más de media docena de participantes exigía complejas cadenas de emparejamiento, el sistema actualizado permite registrar hasta 48 usuarios dentro de la misma arquitectura de red.


Para evitar que una conversación multitudinaria se vuelva inmanejable en carretera, el software permite dividir la totalidad de los participantes en hasta 8 grupos independientes de 6 personas cada uno. De este modo, en eventos itinerantes o caravanas de clubes de gran escala, cada escuadra mantiene comunicaciones nítidas, fluidas y completamente privadas sin interferir con los demás subgrupos que ruedan en la misma vía.
Grabación directa de audio en cámaras de acción sin cables
La segunda gran novedad apunta directamente a los creadores de contenido, instructores y viajeros que utilizan cámaras deportivas para registrar sus recorridos. Gracias a la nueva función de salida de audio por Bluetooth, el Midland R1 Mesh puede vincularse de forma inalámbrica con una cámara compatible para grabar no solo la voz del propio conductor, sino toda la conversación de los compañeros conectados en la red Mesh.
Esto elimina la necesidad de instalar micrófonos de solapa adicionales dentro del acolchado del casco o adquirir módulos adaptadores externos que comprometen la aerodinámica y la resistencia al agua de la cámara.
Cámaras de acción verificadas oficialmente por el fabricante
Midland ha confirmado la compatibilidad operativa de esta función con las referencias más recientes y populares del segmento audiovisual deportivo:
- DJI: Osmo Action 5 Pro y Osmo Action 4.
- Insta360: Insta360 X6, X5, X4 y Ace Pro 2.
- GoPro: HERO13 Black, HERO12 Black y HERO11 Black.
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Ficha técnica de la actualización
| Parámetro técnico | Especificación anterior / base | Nueva capacidad (Firmware V3.36) |
| Capacidad total de registro | Comunicación dinámica estándar | Hasta 48 usuarios inscritos en red |
| Segmentación de grupos | Conferencia abierta / limitada | Hasta 8 subgrupos privados de 6 pilotos |
| Salida de audio a cámaras | No disponible de forma nativa | Transmisión Bluetooth directa a cámara |
| Cámaras compatibles | Requiere adaptador externo | DJI Action, Insta360 y GoPro (Series recientes) |
| Costo de la actualización | — | Gratuita (vía software PC o App Midland Connect) |
Poder dividir una caravana de 48 motociclistas en 8 canales privados de 6 integrantes, mientras se graba el audio grupal sin un solo cable en la cámara, redefine la experiencia de viajar en grupo.
¿Cuánto cuesta y dónde se consigue este intercomunicador en Colombia?
Para los motociclistas en Colombia que buscan dar el salto hacia la tecnología Mesh sin alcanzar los precios de los modelos tope de gama europeos, el Midland R1 Mesh ya cuenta con presencia comercial establecida en el país. En tiendas especializadas de equipamiento en ciudades como Bogotá y Medellín —con envíos a nivel nacional—, la unidad individual se comercializa en un rango aproximado entre $880.000 y $935.000 pesos colombianos, mientras que el paquete doble (Twin o Duo) ronda los $1.680.000 COP. Quienes ya posean una unidad pueden descargar la actualización sin costo a través de la herramienta oficial BT Updater de Midland o mediante la aplicación móvil Midland Connect.

Veredicto PubliMotos
Las actualizaciones de software que añaden funciones reales sin obligar al usuario a comprar un equipo nuevo son siempre una excelente noticia para el bolsillo del motociclista. Con el firmware V3.36, el Midland R1 Mesh gana argumentos muy sólidos tanto para líderes de clubes que organizan rodadas numerosas por las carreteras colombianas, como para quienes disfrutan documentando sus viajes en video con audio limpio y profesional.
Actualidad
¿Tiene una fotomulta pendiente? Denuncia ante la Fiscalía pone bajo la lupa el SIMIT y 7,5 millones de comparendos
Un abogado pidió investigar presuntas irregularidades en los contratos tecnológicos del sistema de multas de tránsito. Según el denunciante, cerca de 7,5 millones de personas podrían estar relacionadas con las sanciones cuestionadas. El expediente menciona contratos por $45.821 millones, un subcontrato de $17.432 millones y certificaciones de experiencia de DICITEC utilizadas ante el Senado.

¿Tiene una fotomulta pendiente o ya pagó un comparendo y se pregunta si podría recuperar ese dinero? Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación puso bajo cuestionamiento los contratos tecnológicos relacionados con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), además de solicitar que se revisen sanciones que, según el denunciante, habrían sido impuestas sin cumplir todos los requisitos legales.
El documento fue radicado el 12 de noviembre de 2026 bajo el número 2026201305514361 ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera. En él se señalan presuntas irregularidades en la contratación de servicios tecnológicos entre la Federación Colombiana de Municipios y Desarrollo de Infraestructura Civil y Servicios Técnicos Especializados de Gestión para las Regiones (DICITEC S.E.M. S.A.S.).

De acuerdo con las declaraciones del abogado recogidas por Infobae, cerca de 7,5 millones de personas podrían estar relacionadas con los comparendos cuestionados. De ese universo, aproximadamente seis millones aparecerían como morosas, tendrían medidas de embargo o figurarían en registros de cobro, mientras que alrededor de 1,5 millones ya habrían pagado las sanciones.
Sin embargo, el alcance de estos señalamientos todavía debe establecerse. La presentación de una denuncia no anula comparendos, no suspende automáticamente los cobros ni garantiza que los conductores reciban la devolución de su dinero.
¿Qué está pasando con los 7,5 millones de comparendos?
La denuncia coincide con otra actuación que ya había puesto las fotomultas bajo revisión. El 19 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron actuaciones administrativas contra 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos en los requisitos técnicos y legales para operar los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios tecnológicos de detección de infracciones (SAST).
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Según el balance oficial, los organismos incluidos en esa revisión impusieron más de 7,5 millones de comparendos entre 2018 y 2024. De estos, 5.832.906 estaban pendientes de pago y 1.582.398 ya habían sido cancelados, con un recaudo superior a $1,05 billones.
Entre las situaciones identificadas por las autoridades se encuentran la operación de cámaras sin concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metrología, el uso de conceptos expedidos a nombre de terceros y la obtención de requisitos técnicos después de iniciar operaciones.
Es importante distinguir estas cifras de las mencionadas en la denuncia penal: la Superintendencia presenta un balance de comparendos comprendidos en actuaciones administrativas, mientras que los 7,5 millones señalados por Ruge corresponden a su estimación de personas posiblemente afectadas por los cuestionamientos que plantea ante la Fiscalía.

Para quienes tienen multas pendientes, las autoridades de tránsito deberán aplicar las medidas que correspondan cuando las sanciones estén comprendidas en las actuaciones administrativas. En el caso de los comparendos pagados, cualquier solicitud de devolución debe ser analizada por la autoridad que impuso la infracción, de acuerdo con las circunstancias particulares.
Por eso, no todas las fotomultas del país pueden considerarse ilegales ni existe una devolución automática para quienes ya cancelaron sus sanciones.
¿Por qué la denuncia cuestiona los contratos del SIMIT?
El expediente también pone bajo la lupa la contratación de servicios tecnológicos relacionados con la operación del SIMIT. Según el abogado, seis contratos registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) suman más de $43.181 millones.
Al incorporar otros negocios, entre ellos un contrato de 2022 y servicios de alojamiento de datos, el monto señalado por el denunciante supera los $45.821 millones.
Los acuerdos estarían relacionados con infraestructura tecnológica, almacenamiento en la nube, alojamiento de datos, actualización y continuidad de los servicios informáticos del sistema.
Uno de los cuestionamientos centrales tiene que ver con la relación societaria entre las compañías. La denuncia sostiene que la Federación Colombiana de Municipios tenía participación accionaria en DICITEC y, al mismo tiempo, celebraba contratos con esa empresa. También solicita examinar la intervención de directivos en decisiones relacionadas con la contratación y la representación de los accionistas.
El abogado pide establecer si estas operaciones se ajustaron a las normas aplicables y si pudieron presentarse conflictos de intereses. Se trata de hipótesis que deberán ser evaluadas por la Fiscalía, no de responsabilidades que ya hayan sido declaradas judicialmente.
DICITEC y Smart Cloud: un subcontrato de $17.432 millones
Entre las operaciones señaladas sobresale el contrato 78 de 2023, celebrado entre la Federación y DICITEC. Su valor inicial fue de aproximadamente $21.461 millones y, después de modificaciones, alcanzó los $25.290 millones.
Posteriormente, DICITEC suscribió con Smart Cloud International Corporation S.A.S. un subcontrato por $17.432.318.871 para prestar servicios de infraestructura tecnológica de centro de datos. El acuerdo fue firmado el 15 de diciembre de 2023 y publicado en SECOP II el 21 de diciembre del mismo año.
La denuncia destaca que Smart Cloud también figuraba como accionista de DICITEC y solicita revisar las condiciones en las que se estructuró esta operación.
La diferencia entre el valor modificado del contrato principal y el subcontrato supera los $7.858 millones. No obstante, esa brecha no demuestra por sí sola la existencia de sobrecostos, apropiación de recursos o detrimento patrimonial. Para determinarlo se requiere examinar los costos, las obligaciones de cada compañía y los servicios efectivamente prestados.
Las certificaciones de DICITEC que llegaron al Senado
Otro de los puntos relevantes del expediente está relacionado con tres certificaciones de experiencia expedidas a favor de DICITEC el 2 de marzo de 2020 y suscritas por el representante legal de la Federación Colombiana de Municipios.
Las certificaciones fueron suscritas por Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, quien, según la denuncia, también habría intervenido en la constitución de DICITEC como representante de una de las entidades fundadoras y posteriormente ejercido los derechos de la Federación como accionista. El abogado solicita verificar el contenido de esos documentos y las condiciones en las que fueron utilizados por la sociedad
Los documentos acreditaban experiencia por los siguientes conceptos:
- Contrato 10 de 2017: $4.775 millones.
- Servicios de hosting, colocation, UPS y software de impresión: $540 millones.
- Contrato 09 de 2019: aproximadamente $1.924 millones.
En conjunto, las certificaciones sumaban cerca de $7.239 millones.
El abogado cuestiona algunos datos consignados en esos documentos. Entre sus observaciones señala que la certificación por $540 millones correspondía a servicios supuestamente prestados entre el 27 y el 31 de diciembre de 2019, pero no identificaba un número de contrato. Además, sostiene que no encontró el registro correspondiente en SECOP.
También advierte una diferencia en la descripción del contrato 09 de 2019: mientras la certificación lo presentaba como un acuerdo interadministrativo, en SECOP aparecía registrado como compraventa.

La importancia de estos documentos radica en su posterior utilización. Según la denuncia, DICITEC los presentó ante el Senado de la República en agosto de 2022 para acreditar experiencia en dos procesos de contratación directa:
- Contrato 983 de 2022: operación y producción de contenidos del Canal del Congreso, por $8.078 millones.
- Contrato 984 de 2022: producción del Noticiero del Senado, por $2.101 millones.
Ambos contratos superaron los $10.180 millones. El abogado solicita establecer si las certificaciones correspondían a servicios efectivamente prestados y si cumplían los requisitos exigidos para acreditar la experiencia de DICITEC.
Hasta el momento, estos señalamientos no equivalen a una declaración judicial de falsedad documental ni de ilegalidad de los contratos celebrados con el Senado.
MASORA y la participación accionaria de DICITEC
La composición societaria de DICITEC constituye otro de los asuntos que el denunciante solicita revisar.
Según el expediente, la sociedad fue constituida en 2015 con participación del municipio de Zarzal, Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA), la Federación y empresas privadas.
En ese momento, Zarzal tenía 333.333.333 acciones, equivalentes al 40 % del capital, mientras que MASORA contaba con 84.166.667, correspondientes al 10,1 %.
Posteriormente, el municipio dejó de figurar como accionista y esas 333.333.333 acciones pasaron a aparecer en cabeza de MASORA. Así, la asociación llegó a registrar 417.500.000 acciones, equivalentes al 50,1 % de DICITEC.
El abogado cuestiona si MASORA contaba con las autorizaciones necesarias para adquirir esa participación y solicita revisar las decisiones administrativas, actas y documentos que respaldaron la operación.
¿Quiénes son las personas mencionadas en la denuncia?
El escrito presentado ante la Fiscalía identifica a tres directivos vinculados con las entidades y empresas relacionadas con los contratos cuestionados:
Gilberto Toro Giraldo: director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. La denuncia señala su participación en la constitución de DICITEC como representante de una de las entidades fundadoras y, posteriormente, en el ejercicio de los derechos de la Federación como accionista. También cuestiona las certificaciones de experiencia que habría firmado a favor de esa sociedad.
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Enrique Alfonso López Pinilla: gerente y representante legal de DICITEC S.E.M. S.A.S., empresa que recibió contratos tecnológicos de la Federación y suscribió el subcontrato con Smart Cloud.
Fabio Antonio Ríos Urrea: director ejecutivo de Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA), organización cuya participación accionaria en DICITEC también es objeto de cuestionamientos.
El abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera solicita que se examinen las actuaciones de estas personas y las decisiones relacionadas con la contratación, la composición accionaria y el manejo de los recursos del SIMIT.
La inclusión de sus nombres en la denuncia no significa que hayan sido declarados responsables de algún delito. Se trata de señalamientos que deberán ser evaluados por la Fiscalía, entidad que, hasta la información disponible, no ha confirmado la apertura formal de una investigación penal.
Tribunal ordenó restituir $84.752 millones a municipios
A los cuestionamientos contractuales se suma una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 4 de septiembre de 2026 resolvió en segunda instancia una acción popular promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
El Tribunal declaró vulnerado el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público por la conservación de excedentes operacionales y rendimientos financieros generados durante la administración del SIMIT. En consecuencia, ordenó restituir a municipios y distritos $84.752.584.040, distribuidos así:
- $55.445 millones: excedentes operacionales.
- $29.307 millones: rendimientos financieros.
La decisión precisó que la Federación puede recibir el 10 % de las multas efectivamente pagadas para financiar la implementación, operación y mantenimiento del sistema, pero no apropiarse de los excedentes y rendimientos que corresponden a las entidades territoriales.
Este fallo tiene un alcance específico: ordena restituir recursos a municipios y distritos. No representa una devolución directa a los conductores ni determina por sí mismo la ilegalidad de los contratos cuestionados en la denuncia penal.
¿Qué pueden hacer los conductores?
Ante este panorama, lo primero es verificar el estado del comparendo y la autoridad de tránsito que lo impuso. También es necesario comprobar si el organismo y el periodo de la infracción están comprendidos en las actuaciones administrativas anunciadas por la Superintendencia.
Si la multa está pendiente, el conductor debe consultar con la autoridad correspondiente las medidas aplicables. Si ya fue pagada, puede solicitar que se estudie su caso, pero la devolución dependerá de la evaluación y decisión de la entidad competente.
Los promotores de la denuncia habilitaron el portal www.simitdevuelvamelaplata.com para reunir a ciudadanos que consideran que pudieron resultar afectados y orientar posibles reclamaciones. Se trata de una iniciativa particular, no de una plataforma oficial de la Fiscalía, el Ministerio de Transporte o la Superintendencia. Registrarse allí no anula una sanción ni garantiza la recuperación del dinero.
Por ahora, la denuncia solicita investigar posibles conductas relacionadas con la contratación, los conflictos de intereses y la documentación presentada. Su radicación ante la Fiscalía no significa que las personas mencionadas hayan sido declaradas responsables ni que exista una decisión que anule los comparendos cuestionados.
Para los motociclistas y demás conductores, la pregunta central sigue siendo qué garantías existen para que cada fotomulta cumpla los requisitos legales y qué mecanismos pueden utilizar cuando consideran que una sanción fue impuesta irregularmente. La respuesta dependerá de las decisiones que adopten las autoridades en cada uno de los procesos.
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