En Colombia el vehículo más vendido es la motocicleta. Según cifras del RUNT, la cantidad de automotores de este tipo superó los 9.4 millones, por lo mismo, casi que podemos decir que la misma cantidad de familias dependen de la moto, ya sea como un activo familiar, para dar solución a la movilidad, viajar, o recientemente, para cuidar de la salud  física y mental.

No obstante, la alta percepción de inseguridad y los recientes hechos en diferentes ciudades del país, donde se han visto involucradas motos, han puesto sobre la mesa el debate de prohibir el acompañante en las regiones más críticas, aunque eso signifique poner en jaque el bienestar de un gran porcentaje de la ciudadanía que depende, en diferentes niveles, del vehículo.

De antemano, podemos decir que atentar contra la libre movilidad y catalogar a los motoristas como responsables de la delincuencia, no solamente está éticamente mal, sino que va en contravía de los principios constitucionales sobre los que está construida nuestra nación, tal y como lo han dejado en claro los tribunales.

No obstante, esto se refleja en las cifras, para ejemplificar, el propio Secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, informó que de los 82.567 hurtos a personas registrados en el 2020, en 4.919 hubo participación de una motocicleta y no siempre con acompañante, esto se traduce que aproximadamente en solo el 6% de los delitos de este tipo hay motos. Según datos de la propia alcaldía, Bogotá cuenta con un parque automotor de 485.000 vehículos de dos ruedas, lo que se traduce en que solo el 1% de estos automotores, podrían verse involucrados en actos delictivos, porcentaje que disminuye al considerar que la misma moto es utilizada en varios hechos.

Ahora en el 2021, en los primeros meses del año se han registrado 34.228 hurtos a personas, según la Policía Nacional, y más de la mitad en la capital (13.081) y si aún se mantiene una tendencia estadística del 6%, quiere decir que en este momento, por menos de 800 hechos, se pretende poner en jaque la movilidad de medio millón de familias que dependen de la moto.

¿Vale la pena restringir el acompañante?

Fuera de la tasa de afectación altísima a la movilidad, ya que se terminaría por desbordar el servicio público, la falta de infraestructura y precarización de las vías, pasarían factura a miles de personas inocentes, y al final, no sería garantía de que los delitos disminuyeran.

Lo anterior, basados en un estudio de la Universidad de los Andes, el cual determinó que “restringir la circulación de motos no tiene ningún impacto sobre la seguridad y lo que no se quiere en este momento es incentivar el uso de transporte público con todo el tema de la pandemia. Deberíamos dejar que las personas circulen en sus motos, dado que su restricción no mejora las condiciones de seguridad y además ayuda con el distanciamiento físico”.

En resumidas cuentas, el estudio determinó que los hechos delictivos se terminan trasladando a otras modalidades de delincuencia, por ejemplo, se deja de utilizar la moto para usar bicicletas, automóviles o vehículos de servicio público como taxis, eso sin que se tome en cuenta que un delincuente y una moto es suficiente para generar un delito.

“Se van a otras zonas donde no rige la medida o deciden robar, o matar a pie o en carro”, Michael Weintraub, docente de la Universidad de los Andes y director del estudio realizado

El estudio va más allá y determina que los esfuerzos de la policía para controlar el cumplimiento de la medida de prohibición de acompañante estarían mal enfocados, sobre el tema Michael “una distracción para los policías que deberían estar haciendo otras cosas, vigilando los temas de seguridad en los barrios, en vez de estar monitoreando si hay un hombre detrás de un conductor de moto”.

Coincidimos en la aseveración del director del estudio donde afirma “Ponen sobre la gente casi un impuesto regresivo, sobre las personas de estratos más bajos que dependen de sus motos para movilizarse”

“Un delincuente no va dejar de serlo por no tener acompañante”

Soluciones al delito

Para este medio, la solución está en la intervención a mediano plazo de los sectores que realmente tienen delincuencia, no solamente aumentando el pie de fuerza, el cual está en crisis en Bogotá, sino invirtiendo en herramientas y recursos humanos y físicos de inteligencia e investigación, pues el índice de capturas de unos pocos peones, no termina desarticulando las gigantescas bandas del crimen que están operando en las principales capitales del país.

Por otro lado, hay que replantearse el funcionamiento de la rama judicial, en donde la mayor apuesta de los delincuentes es acogerse al vencimiento de términos, que no es de tiempo corto, sino que obedece a un sistema que simplemente está atestado, carece del personal suficiente y además, mantiene trámites que resultan tan engorrosos que dificultan el pronunciamiento de fallos dentro de los términos legales, eso, si hay el suficiente material probatorio, pues cuando hay dudas por la recolección del mismo o sobre su contenido, los procesos son tan largos que simplemente el acusado nunca pagará condena.

Por otro lado, la población y la delincuencia aumentan en las ciudades, pero el sistema carcelario se quedó con casi las mismas instalaciones que han mantenido durante los últimos 30 años, esto ha desembocado un hacinamiento de casi el 60% de las cárceles, lo cual, han obligado a adoptar políticas que resultan poco efectivas, como casa por cárcel sin brazalete, desdibujar la gravedad de los hechos y delitos, contemplar penas con beneficios o más moderadas y obligar al sistema judicial a mantener peligrosos criminales en las calles, mientras se llevan los procesos o se vencen términos.

Definitivamente la delincuencia y la percepción de la misma es un tema polémico, pero por todo lo anterior, restringir el acompañante no es más que un paño de agua tibia que a nivel nacional puede afectar a millones de personas, por unos pocos y mal procesados delincuentes.

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