Es inconcebible que en un país donde las oportunidades laborales escasean y los problemas económicos de los estratos 1, 2 y 3 son cada vez mayores, se planteen estrategias que perjudicarán aún más esta población, además de causar un tropiezo enorme a una industria que genera gran cantidad de empleos, los mismos que se pueden ver reducidos a raíz de este incremento pues, según la ANDI, cerca de 24.000 colombianos quedarán desempleados si se llega a aprobar este impuesto.

Recordemos que las motocicletas hace mucho tiempo dejaron de ser algo “aspiracional” y pasaron a convertirse en una solución a los graves problemas de movilidad vial que presentan las grandes urbes del País Cafetero, constituyendo también una fuente de ahorro y trabajo para millones de colombianos.

Considerando que el 96% de las motos que se venden en el país son fabricadas en Colombia y contribuyen al 1,05% del PIB industrial, es fácil establecer la debacle que se avecina en la economía al bajarse las ventas de este vehículo, incluyendo sus repuestos, accesorios, productos y servicios derivados. Igualmente, no se ha estimado el duro golpe para otros sectores del comercio,  pues gran parte del público consumidor que ingresa a cines, restaurantes, centros comerciales, parques recreativos y centros turísticos, llega hasta estos lugares gracias a que se transportan en moto.

Por otro lado, nos preocupa que desde varias instituciones se esté percibiendo el uso de la motocicleta como un problema social, cuando en realidad es la solución más viable a las dificultades económicas que se viven en más de 3 millones de hogares y al deficiente transporte público con el que cuentan todas las ciudades del país, que si bien ha evolucionado notablemente en la última década, sigue quedándose corto para la enorme demanda que existe.

Es inconcebible que el argumento más común entre los que apoyan este impoconsumo sea la “inseguridad” y los altos índices de “accidentalidad”, como si quisieran atribuirle a la industria de la moto todas las consecuencias del precario sistema educativo, judicial y normativo de nuestro país.

La moto ya no es un lujo, es la fuente de empleo y ahorro de millones de personas; si bien hay apasionados por este vehículo que cuentan con suficiente capacidad adquisitiva para tener motocicletas de alto cilindraje, las cuales sí pueden ser consideradas un “privilegio”, estos ya pagan un impuesto al consumo para poder disfrutar de su pasión, y eso que el límite de cilindraje para considerar el cobro es muy bajo (250cc) como para ser consideradas motocicletas de Alta Gama.

En definitiva, gravar a todas las motos con un impuesto al consumo del 8%, sumándole el incremento del IVA de 16% a 19%, afectará a más de 6 millones de personas de los estratos 1, 2 y 3 de Colombia y pondrá en peligro la estabilidad de una industria que tanto le aporta al país.

Por tal motivo, desde la Organización de la Feria 2 Ruedas, hacemos un llamado a todos los responsables de la Reforma Tributaria para que omitan el impoconsumo a las motocicletas de bajo cilindraje, pues esto es un atentado a la calidad de vida y a la industria colombiana, en un sector tan dinámico como el de la moto. 

Cifras tomadas del informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y de informe Fenalco Antioquia.

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