12 billones de razones para dudar del nuevo modelo de licencias

El cambio en la forma de evaluar a los conductores en Colombia no solo representa una transformación técnica del sistema de licencias, sino que abre un debate profundo sobre transparencia, concentración de poder, costos para los ciudadanos y eventuales intereses políticos detrás de una de las decisiones más trascendentales del sector transporte en los últimos años.

Aunque el Ministerio de Transporte ha defendido la medida como un paso decisivo hacia la seguridad vial, lo cierto es que la Resolución 20253040054055 de 2025 ha dejado más preguntas que respuestas, especialmente entre motociclistas, expertos en movilidad y sectores académicos independientes.

Una resolución con efectos estructurales… pero con escasa discusión pública

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Uno de los primeros aspectos que genera inquietud es la forma en que se estructuró y expidió la resolución. Pese a su enorme impacto económico y social, el acto administrativo fue publicado sin un debate amplio previo, sin audiencias públicas visibles y sin que se conocieran estudios de impacto económico detallados para los ciudadanos.

Estamos hablando de una norma que:

• Cambia por completo el ecosistema de licencias
• Elimina a decenas de operadores privados
• Centraliza el proceso durante 20 años
• Define costos que afectan directamente a millones de conductores

Sin embargo, no se socializó de manera masiva con motociclistas, gremios de transporte ni asociaciones de usuarios, lo que ha llevado a que muchos se enteren del nuevo modelo cuando ya está aprobado y en ejecución. Además, estamos hablando de que es una resolución efectiva desde el 30 de diciembre del 2025.

¿Por qué la UNAD? El corazón de las dudas

El punto más sensible del debate es cómo la UNAD terminó quedándose con el proyecto, convirtiéndose en el operador exclusivo de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Desde el papel, el Gobierno sostiene que la UNAD cumple con todos los requisitos legales:

• Es una universidad pública
• Tiene presencia nacional
• Cuenta con plataformas tecnológicas
• Puede firmar contratos interadministrativos

Pero desde el análisis periodístico surgen varias preguntas clave:

• ¿Por qué solo una universidad y no un esquema plural con varias instituciones públicas?
• ¿Qué criterios técnicos se usaron para descartar otras universidades?
• ¿Dónde están los estudios comparativos de capacidad operativa?
• ¿Por qué un plazo de 20 años, inusualmente largo para un servicio sensible?

El contrato, según diversas investigaciones, podría mover hasta 12 billones de pesos, financiados no por el Estado, sino directamente por los ciudadanos que buscan su licencia.

¿Cómo sería el modelo económico de las licencias?

Otro aspecto crítico es el modelo económico del sistema. Aunque se presenta como un contrato sin recursos públicos, en la práctica el dinero sale del bolsillo de los colombianos, convirtiendo la licencia de conducción en una fuente permanente de recaudo garantizado.

El problema no es solo el monto, sino la ausencia de competencia. Al existir un operador único:

• No hay presión para reducir costos
• No hay comparación de calidad
• No hay incentivos reales para mejorar el servicio

Esto convierte a los CALE en un cuasi-monopolio institucional, algo que, paradójicamente, el propio Gobierno suele criticar en otros sectores.

¿Dónde estarán los CALE?

La resolución 20253040054055 del 30 de diciembre de 2025 realizada por el ministerio de transporte no especifica como se realizará todos los movimientos y la estructuración. Teniendo en cuenta que se deberá tener un espacio dedicado para realizar tanto el examen teórico como el práctico, por ende, ¿tendrá la UNAD el espacio necesario para desarrollar estos CALE con las condiciones necesarias para desarrollar los exámenes?

Según varias fuentes, en Bogotá, tomaran el espacio de la vieja fábrica de Bavaría, ubicada en San Diego, pero ¿y en las otras ciudades? Una información que falta en la resolución, donde no especifica lo mínimo necesario y donde no se proyecta un plan de acción o los requerimientos necesarios para estos espacios.

Las conexiones políticas que despiertan alertas

Aquí el debate se vuelve más incómodo.

Investigaciones periodísticas han vinculado a figuras cercanas al poder político actual con estructuras de contratación y operación estatal de gran escala. Entre los nombres que han surgido en análisis y columnas de opinión aparece el de Euclides Torres, empresario señalado en distintos escenarios mediáticos por su cercanía a sectores del poder y por su participación en grandes proyectos tecnológicos y logísticos.

Es importante subrayar: no existe una sentencia judicial que vincule directamente a Torres con la UNAD o con el contrato de los CALE, pero la coincidencia de modelos de contratación, concentración operativa y estructuras de recaudo ha generado legítimos cuestionamientos en la opinión pública.

En una opinión periodística, las preguntas también informan, y en este caso son inevitables:

• ¿Quién diseñó realmente el modelo operativo?
• ¿Quién asesora tecnológicamente el sistema?
• ¿Qué empresas estarán detrás de la infraestructura digital?
• ¿Quién audita un contrato de esta magnitud durante dos décadas?

Antecedentes que no ayudan a disipar las dudas

Las inquietudes aumentan al revisar los antecedentes administrativos de la UNAD. Investigaciones de Semana han señalado la fuerte concentración de poder en la rectoría, gracias a su rector Jaime Leal, y una estructura interna cuestionada por presunto clientelismo y manejo político de la institución. Situación que fue investigada por la fiscalía, generando que, durante su mandato, se realizaron varios contratos entre gente cerca o familiares allegados al circulo administrativo. 

A esto se suma un ambiente de desconfianza generalizada en el sector transporte, alimentado por sanciones recientes a altos funcionarios, como el caso revelado por W Radio sobre la viceministra de Transporte, multada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y, pese a eso, fue nombrada en este cargo directivo de esa cartera.

La multa, de un poco más de un millón de pesos, fue confirmada por la entidad de vigilancia en diciembre del año 2024 y en el año 2025 ella fue designada en el segundo cargo más importante de la cartera de Transporte. Esa sanción se da por qué incurrió en una ventaja competitiva ilegal, mientras trabajaba en la Superintendencia de Transporte, pues dio un trámite preferencial por canales no oficiales a unas certificaciones.

En este contexto, pedir confianza ciega al ciudadano resulta cada vez más difícil y uno se hace la pregunta, ¿ocurrió lo mismo en este proyecto?

El impacto real para los motociclistas: el gran olvidado

Mientras el debate se da en despachos y universidades, el motociclista común enfrenta una realidad más cruda:

• Licencias más caras
• Procesos más largos
• Menor flexibilidad
• Riesgo de exclusión económica

Para miles de repartidores, mensajeros y trabajadores informales, la moto no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. Elevar los costos sin alternativas reales podría empujar a más personas a la ilegalidad, exactamente lo contrario de lo que se busca.

Pero, otro punto para tener en cuenta, es que los mal llamados cursos de “garaje” se acabarán por las restricciones más estrictas por el proyecto.

¿Seguridad vial o control administrativo?

Nadie discute que Colombia necesita mejor formación vial. Las cifras de siniestralidad son alarmantes. Pero la gran pregunta es si centralizar todo el sistema en un solo operador durante 20 años es realmente la mejor solución.

La experiencia internacional muestra que los mejores sistemas combinan:

• Evaluación rigurosa
• Competencia regulada
• Auditoría independiente
• Acceso económico

Elementos que hoy no quedan del todo claros en el nuevo modelo colombiano. Ahora, se tiene que generar mejores instructores a las academias, que dichas academias mejoren su estructura y sus cursos para que los que sacan la cedula por primera vez tengan una posibilidad mayor de pasar esos filtros puestos por los CALE.

Demasiadas preguntas para una decisión tan grande

El nuevo sistema de licencias puede marcar un antes y un después en la seguridad vial, pero también puede convertirse en uno de los contratos más controvertidos del sector transporte.

La falta de debate público, la concentración en la UNAD, el tamaño del negocio, las conexiones políticas que rodean el modelo y el impacto económico sobre los motociclistas hacen que este no sea un simple ajuste técnico, sino una decisión estructural que merece vigilancia permanente.

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En PubliMotos creemos que mejorar la seguridad vial no puede significar sacrificar transparencia, acceso ni equidad. Y en este caso, las dudas siguen siendo tantas como las promesas.

Hecho por periodistas, con uso de IA