¿A dónde van todas las multas de los bogotanos? Concejal advierte irregularidades

En los últimos días, Bogotá ha sido escenario de una polémica grave. El concejal José Cuesta Novoa, del movimiento Colombia Humana – Pacto Histórico, ha denunciado lo que él califica como un verdadero desfalco en el recaudo de multas de tránsito. Por ello, ha pedido que se investigue con urgencia.

Detrás de su acusación está un informe de la Contraloría de Bogotá que arroja cifras preocupantes. Además, pone en duda la transparencia del sistema de comparendos.

El hallazgo fiscal: casi 10.000 millones “extraviados”

Según el concejal Cuesta, hay una diferencia de 9.874.512.000 pesos entre lo que la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) reportó como recaudado en multas y lo que efectivamente llegó a la Tesorería Distrital.

Más concretamente, el informe identificado como AFG_SDM_CODIGO85, elaborado por la Contraloría de Bogotá, señala que entre enero y junio de 2025 la SDM reportó ingresos por 48.721 millones de pesos. Mientras tanto, la Tesorería solo computó 38.846 millones. Por lo tanto, quedan sin justificar casi 10.000 millones.

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Cuesta no ha escatimado en calificativos. Habla de un “auténtico Triángulo de las Bermudas financiero”, donde “se recaudan más recursos de los que se entregan”. Exige respuestas urgentes de las autoridades de control.

¿Qué señala la Contraloría sobre estas irregularidades?

El informe de la Contraloría no solo evidencia el faltante, sino que lo asocia a falencias importantes en los controles contables y financieros. En particular, señala dificultades en el manejo del Contrato de Concesión No. 2018-114. Ha sido suscrito con la empresa GYP Bogotá S.A.S., encargada de gestionar el sistema de comparendos y de la inmovilización vehicular.

Según la Contraloría, estas debilidades han permitido que parte de los recursos recaudados, gracias a las multas, no tengan un soporte documental claro. Esto impide rastrear su destino con certeza.

No es el primer hallazgo del sector movilidad

Este no es un caso aislado. Ya en enero de 2025 la Contraloría había documentado hallazgos fiscales por 4.456 millones de pesos. La causa fue la “falta de gestión en el cobro efectivo” de más de tres mil multas prescritas o mal gestionadas.

Además, un boletín de la Contraloría arroja una cifra aún más alarmante. Hay hallazgos fiscales por un total de 93.000 millones de pesos en diferentes entidades del sector movilidad en Bogotá, incluyendo la Secretaría de Movilidad, durante auditorías realizadas en 2024.

Pero, hay más, ¿qué pasa con los otros aspectos?

El mismo informe de la Contraloría expone otro hallazgo grave. El concejal Fuchi exponen en un video en sus propias redes sociales. Según él, hay un gasto injustificado por $6.501.689.565 correspondientes a la “consulta del RUNT”, realizado a través de convenios entre la SDM y la ETB.

¿Qué ocurrió con estas consultas?

• La Secretaría pagó 5.467.476 consultas al RUNT a través de la ETB.
• Estas consultas fueron cargadas a los convenios 1029-2010 y 2237-2021.
• El valor total facturado: $6.501 millones.
• Lo más llamativo es que la tarifa por consulta se mantiene exactamente igual desde 2010. Esto ocurre pese a que han pasado 15 años desde su fijación. Es algo que el informe considera injustificado y contrario a valor real, que es sin ningún costo.

La Contraloría concluyó que este gasto carece de la debida justificación técnica y financiera. Una vez más compromete la transparencia de los procesos administrativos de la SDM.

181 millones pagados por un servicio que las cámaras no usan

Otro gasto que llamó la atención de los auditores fue un pago de $181.286.799 a la ETB. Se trataba de supuestos servicios de datos móviles para las cámaras corporales utilizadas por la Policía de Tránsito.

Según el informe:

• Las cámaras adquiridas no requieren conexión a internet, pues no transmiten en vivo.
• No hay evidencia técnica que respalde la necesidad de un servicio de datos.

¿Qué cámaras se compraron?

La SDM adquirió 430 cámaras corporales (bodycams) mediante el contrato interadministrativo No. 2023-2688.
Estas cámaras, marca HALOS – Horizon Series Bodycam, fueron suministradas por NEW SAT S.A.S.

Datos técnicos destacados:

• Batería de gel de litio de 4200 mAh
• 16 horas de grabación continua en Full HD
• 10 horas de transmisión continua en 4G (pero esta función no se usa en las operaciones de la Policía de Tránsito)
• Tiempo de carga rápida: 4,5 horas

La Contraloría concluyó que no existe razón técnica que justifique pagar un servicio de conectividad que las cámaras no utilizan. Por lo tanto, se trata de un gasto sin sustento real.

420 millones sin devolver a conductores exonerados

El concejal Fuchi también destacó otra anomalía señalada en el informe. La Secretaría de Movilidad tiene retenidos 420 millones de pesos correspondientes a conductores que pagaron multas, pero que luego fueron exonerados.

Estos ciudadanos, pese a tener derecho a la devolución del dinero, no han recibido reembolso alguno. Esto representa otra señal de desorden financiero dentro de la entidad.

Esta situación abre un nuevo frente de cuestionamientos: ¿por qué se retienen recursos que legalmente deben ser devueltos? ¿Existen procesos adecuados para garantizar la devolución o el dinero simplemente no está disponible?

Lo que exige el concejal y los próximos pasos

José Cuesta ha pedido con urgencia una respuesta clara por parte de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta. Ha solicitado respuestas no solo desde el Concejo. Las quiere también a través de organismos como la Contraloría y la Fiscalía. Además, advirtió que podría escalar la denuncia incluso a acciones penales si no hay clarificaciones.

En sus propias palabras, Cuesta ha amenazado con radicar un derecho de petición. También podrían elevar el caso a la fiscalía general de la Nación si persiste el silencio institucional. Además, ha convocado a otros concejales para conformar un frente de control político en torno a los recursos de movilidad.

¿Qué esperar de estas denuncias?

El escándalo desatado por las denuncias del concejal José Cuesta Novoa y el informe AFG_SDM_CODIGO85 de la Contraloría de Bogotá plantea una pregunta incómoda para toda la ciudadanía. ¿A dónde va realmente el dinero que pagamos cuando nos multan? En el caso de Bogotá, esos casi 10.000 millones de pesos sin justificar no pueden pasar desapercibidos.

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Para todos los bogotanos que pagan sus comparendos a tiempo y buscan tener una mejor movilidad. Dicha realidad exige no solo transparencia sino un compromiso claro por parte de las autoridades. Los recursos deben usarse para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la infraestructura.

Como comunidad, debemos seguir muy de cerca este proceso y reclamar explicaciones. El buen funcionamiento del sistema de justicia y control depende, en buena parte, de que no haya “triángulos de las Bermudas” en las finanzas públicas.

Les dejamos el siguiente video propio como recomendación:

Hecho por periodistas, con uso de IA.