Nacional
Drones para multar y atender el tránsito ¿Sí son viables? | Análisis
La accidentalidad es un problema de Salud Pública en Colombia y el resto del mundo, de allí a que se haya optado por incorporar la tecnología para su reducción.

En países europeos, como España, se está apostando por la incorporación de vehículos aéreos no tripulados para la regulación del tránsito y como un dispositivo que permita la identificación de conductores que violen las normas de tránsito.
Colombia, por su parte, también ha experimentado con esta tecnología, pues no podemos olvidar que se han realizado pilotos para adjuntar los drones en la gestión de accidentes simples de tránsito, algo que podría ser una buena idea si consideramos que, solamente en Bogotá, se pueden alcanzar a registrar hasta 500 incidentes en un solo día y se tarda entre 40 minutos y hora y media el que un agente de tránsito pueda atender la situación.
Sin embargo, a nivel nacional parece que el país no ha dado los suficientes pinos para la implementación de las naves aéreas, y puede que esto se deba a diferentes motivos.
Cámaras de fotomultas (Salva vidas).
Aunque han sido muy polémicas, para nadie es un secreto que este tipo de dispositivos cumplen con su cometido, tanto a nivel de recaudo como de persuasión (por lo menos los letreros de información), pues disminuyen efectivamente las tasas de accidentalidad donde se instalan, además el funcionamiento permite que trabajen de forma casi automática, solamente informando al agente de tránsito sobre la violación de la norma, por tanto, este solo tiene que realizar una verificación para emitir una orden de comparendo.
Es natural que el costo de tiempo y logístico sea mucho más rentable para la reducción de accidentes en puntos estratégicos al colocar cámaras fijas de fotomultas que manteniendo un puesto de control sobrevolando con drones.
Capacitación y certificación.
Aunque los drones se vendan sin ningún tipo de instrucción especial, es necesario recalcar que para poder volar uno de estos dispositivos, especialmente en zonas de riesgo como las urbanas, es obligatorio que los usuarios cuenten con una certificación de la Aeronáutica Civil, la cual dependerá del nivel de profesionalización y peso del vehículo. Por lo anterior, los agentes de tránsito necesitarán capacitarse y/o permanentemente estar acompañados por un técnico que cuente con las capacidades para volar los dispositivos, aumentando de esta manera los costos de operación.
Legislación.
Partiendo del punto anterior, los manuales de procedimiento no permiten que solamente un particular capacitado pueda ser autorizado para tomar los videos y fotografías de un accidente de tránsito para que posteriormente sea un agente quien haga el mapeo (croquis de la situación), menos aún para tomar declaraciones o hacer entrevistas; en consecuencia, y por la responsabilidad que esto implica, es poco práctico pensar que los pilotos puedan ser contratados para trabajar de forma autónoma, sin presencia de las autoridades de tránsito.
Así mismo, debemos recordar que en el país aún no existe una legislación que obligue a las ciudades a incorporar las aeronaves para el levantamiento de incidentes de tránsito; por lo mismo, el uso masivo no parece estar disponible, por lo menos a corto plazo; no obstante, en el Congreso se está moviendo un proyecto de ley que, además de contemplar el cambio del funcionamiento del SOAT, también propone la posibilidad aquí descrita.
Multas.
A diferencia de las cámaras de fotomultas, que funcionan de forma casi automática, los drones simplemente se desempeñarían como una extensión del agente de tránsito, del mismo modo como funcionan los radares de velocidad; es decir, que cerca al lugar de los hechos estaría el agente imprimiendo la orden de comparendo o, por lo menos, presto a hacer el llamado de atención correctivo, cuando sea necesario.
Teniendo en cuenta la limitación de peso y baterías, es posible que el vuelo de los drones al día sea muy corto, por lo cual los avisos como “Zona vigilada por drones” serían suficientes para persuadir a los conductores, siempre y cuando sea aprobado por el Congreso de la República. Por lo menos habría menor cantidad de multas que con las cámaras permanentes, además de que se reduciría el costo de instalación, pues solamente en Bogotá, el Distrito ha gastado más de 40 mil millones en el establecimiento de los dispositivos “Salva Vidas”.
Conclusión.
Con todo lo anterior, es factible pensar en que los drones sean parte de los cuerpos de autoridades de tránsito, en las ciudades para el registro fotográfico de accidentes de tránsito y, porque no, como dispositivos de seguridad y vigilancia estratégica; mientras en carretera, la persuasión sería tan buena como los letreros de “radar de velocidad”, pero sin ser tan invasivos como las cámaras fijas y semiautomáticas.
A todo lo anterior, hay que establecer perímetros de vuelo, no solamente de seguridad, sino por la afectación al medio ambiente (fauna), el cual puede verse afectado por el uso indiscriminado de drones; además, queda pendiente el tema de privacidad y uso de datos, pues es claro que los dispositivos pueden sobrepasar del entorno público al privado, con tan solo un mal enfoque.
Por ahora las expectativas son altas y dependerá en gran medida de la legislación que la acompañe, por lo mismo, la viabilidad la dejaremos en el concepto… depende.
Por Karim Chalá Lee.
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Actualidad
El escándalo de las cámaras de fotomultas: ¿control vial o negocio disfrazado?
Atención motociclistas: si alguna vez sintieron que una cámara de fotomulta les cayó como baldado de agua fría, no estaban tan lejos de la verdad…

Resulta que más del 50% de estas cámaras en Colombia están operando sin el aval técnico necesario. En pocas palabras ILEGALES. Las fotomultas han generado una gran controversia en todo el país.
La noticia suena tan absurda como real: 1 de cada 2 cámaras podría estar multando «de puro antojo». ¿Y lo peor? Eso no invalida automáticamente las sanciones de las fotomultas. El sistema sigue funcionando, como quien dice: «Hágale que eso no se dan cuenta».
¿Qué pasa con estas cámaras?
Según la investigación de Asuntos Legales, de las 1.200 cámaras instaladas en el país, unas 600 no cuentan con el certificado de metrología vigente. ¿El qué? Exacto, ese papelito que garantiza que el aparato mide bien y no está viendo doble después de tantos rayos de sol. Fotomultas sin este certificado son muy problemáticas.
¿Y eso por qué es grave?
Porque sin ese certificado, el radar podría estar detectando una moto a 200 km/h… cuando en realidad iba a 60, con pasajero, perrito y el mercado del domingo. Las cámaras deben pasar revisión técnica cada año y estar aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Entre los requisitos:
- Que midan bien la velocidad ( no todos somos Toretto al volante )
- Que estén bien ubicadas (y no escondidas como un Pokémon)
- Que no presenten fallos técnicos (tipo «lo multé porque sí»)
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Datos que dan más miedo que reten en diciembre
- Bogotá y Medellín lideran la lista de las cámaras sin aval. En algunos tramos, el 60% están más ilegales que parrillero sin casco.
- En 2023, se impusieron más de 2 millones de multas por foto detección. Muchas de ellas con equipos que no sabían ni qué día eran. Las fotomultas en estas condiciones son preocupantes.
- Hay cámaras que llevan más de 2 años sin revisión técnica. Pero ahí siguen, multando como si fueran nuevas.

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¿Seguridad vial o negocio tipo combo 2×1?
Aquí es donde la cosa se pone sabrosa:
- Falta de transparencia: cámaras en curvas, detrás de árboles, y en zonas donde el límite de velocidad cambia más que los precios de la gasolina.
- Intereses económicos: muchas cámaras son operadas por empresas privadas que reciben comisión por multa. Así cualquiera se emociona con el radar. Titulares como“¿Quiénes estarían detrás del negocio de las fotomultas?” De La FM o “Contraloría halla irregularidades por $5.379 millones en contratos de cámaras de seguridad” de la WRadio lo demuestran.
- Poca pedagogía: en vez de invertir en educación vial, parece que se invirtió en instalar cámaras con vista panorámica.

¿Qué pueden hacer los motociclistas?
Desde PubliMotos, no solo informamos, también le damos herramientas para no caer en estas trampas modernas, como las fotomultas:
- Verifique su multa: tiene derecho a pedir el certificado de calibración. Si no lo tienen, esa multa vale lo mismo que una fotocopia borrosa.
- Apelar no es llorar, es exigir justicia: las fotomultas sin aval no tienen autoridad para sancionar.
- Exijamos controles reales: porque si de verdad nos quieren cuidar, que lo hagan con normas claras y equipos legales.

¿Quién vigila a los que vigilan?
Mientras las cámaras sigan operando sin control, escondidas y sin revisión técnica, esto se parece más a una caja registradora que a un sistema de seguridad vial.
Desde PubliMotos, exigimos que se pongan serios (y legales), porque la seguridad no se mide en pesos, se mide en confianza… y esa, señores, también necesita mantenimiento.
Actualidad
¡CUIDADO! Todos los ciclomotores necesitan licencia y SOAT. Las bicicletas eléctricas no se salvan
La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha encendido las alarmas ante el creciente comercio informal e ilegal de ciclomotores en el país.

Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también afecta negativamente la movilidad sostenible en Colombia debido a la falta de licencias adecuadas.
Y es que se está denunciando que los vendedores están comercializando vehículos que sobrepasan los 25 km/h y tienen potencias mayor a 350 vatios, en pocas palabras ciclomotores, bajo la premisa que no requieren licencia, ni SOAT, ni registro en el RUNT. Sin embargo, estos vehículos, por sus características deben ser clasificados como ciclomotores, por tanto ¡podrán ser inmovilizados!
Requisitos legales para ciclomotores en Colombia
Según la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, los ciclomotores deben cumplir con ciertos requisitos para su circulación legal en el país
Matrícula: Todo ciclomotor debe estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): es indispensable contar con este seguro vigente para cubrir eventuales accidentes.
- Licencia de conducción: el conductor debe poseer una licencia válida para operar este tipo de vehículos.

Estas normativas buscan garantizar que los ciclomotores circulen de manera segura y bajo regulaciones que protejan tanto a los conductores como a otros actores viales.
Incremento de la venta ilegal y sus implicaciones
La ANDI ha identificado un aumento en la comercialización de ciclomotores que no cumplen con los requisitos legales mencionados. Muchos de estos vehículos son promocionados de forma engañosa, asegurando que no requieren matrícula, SOAT ni licencia de conducción, y que pueden transitar libremente por ciclorutas y otros espacios no habilitados para ellos. Esta desinformación pone en riesgo a conductores, peatones y ciclistas.
Además, se ha detectado que algunos ciclomotores se venden en establecimientos no especializados, como droguerías, donde los consumidores no reciben información adecuada sobre las normativas vigentes ni sobre los elementos de protección necesarios para su uso.
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Datos preocupantes sobre la informalidad
Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, destacó que la informalidad en la comercialización de ciclomotores ha tenido un impacto negativo en la seguridad vial y en el cumplimiento de las normativas de tránsito. Según datos de la entidad, el registro formal de ciclomotores en el RUNT disminuyó un 51% entre 2022 y 2024. Paralelamente, las importaciones de vehículos promocionados como «bicicletas eléctricas» crecieron más del 700% en 2024, lo que sugiere un desplazamiento hacia la informalidad impulsado por la falta de regulación en la importación y venta de estos vehículos.
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Diferencias entre ciclomotores y bicicletas eléctricas
La Resolución 160 de 2017 establece criterios claros para diferenciar entre bicicletas eléctricas y ciclomotores:
- Bicicletas eléctricas: deben tener un peso máximo de 35 kilogramos, una velocidad máxima de 25 km/h con asistencia, y una potencia nominal del motor que no supere los 350 vatios. Además, el motor debe desconectarse automáticamente al alcanzar la velocidad máxima o al dejar de pedalear.
- Ciclomotores: se caracterizan por tener motores de mayor potencia, que pueden alcanzar hasta 4.000 vatios, y superar los 25 km/h. A diferencia de las bicicletas eléctricas, los ciclomotores no requieren necesariamente el pedaleo para su funcionamiento.
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Llamado a la acción
La ANDI insta a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para regular la importación y comercialización de ciclomotores, asegurando que cumplan con las normativas vigentes. También hace un llamado a los consumidores para que se informen adecuadamente antes de adquirir estos vehículos y cumplan con todos los requisitos legales para su circulación.

La proliferación de ciclomotores ilegales representa un desafío significativo para la seguridad vial en Colombia, teniendo en cuenta que se ponen en manos de conductores vehículos que requieren un conocimiento y preparación especial, y por lo mismo, representan un peligro sin ningún tipo de control.
Actualidad
¿Adiós a las BMW G 310 R y G 310 GS? Lo que sabemos hasta ahora
la BMW 310 r de las motos mas deseadas se despide de las calles. Aquí le contamos de que se trata

La serie G 310 de BMW, consistente en los modelos G 310 R y G 310 GS, ha sido durante años la puerta de entrada al mundo de las motocicletas BMW. Sin embargo, recientes movimientos en el mercado indio han generado incertidumbre sobre el futuro de esta gama a nivel global.
Descontinuación en India
Informes recientes indican que BMW ha cesado la producción y venta de las G 310 R y G 310 GS en India. Según fuentes de la industria, los envíos de estos modelos a los concesionarios se han detenido desde enero de 2025, lo que sugiere que la plataforma 310 ha llegado al final de su ciclo de vida en ese mercado.
Colaboración BMW-TVS y nuevos modelos en desarrollo
La alianza estratégica entre BMW Motorrad y la empresa india TVS Motor Company, establecida en 2013, ha sido fundamental en el desarrollo de la serie G 310. Esta colaboración ha resultado en la venta de más de 140,000 motocicletas basadas en la plataforma de 310 cc en más de 100 países.
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En el marco de esta asociación, se han desarrollado nuevos modelos que podrían reemplazar a las G 310 R y G 310 GS. Una opción para el reemplazo, podría radicar en que BMW lance próximamente la F 450 GS, una motocicleta de 450 cc que se posicionaría como el nuevo modelo de entrada de la marca en India. Aunque, por su parte, TVS ha registrado la marca «Apache RTX», lo que sugiere el desarrollo de una motocicleta de aventura basada en la BMW G 310 GS.
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Planes futuros y movilidad eléctrica
La colaboración entre BMW y TVS también se ha extendido al ámbito de la movilidad eléctrica. Ambas compañías están trabajando en el desarrollo de nuevos modelos eléctricos basados en la plataforma G 310, lo que podría suponer que la nueva actualización de la 310, podría ser meramente eléctrica, al fin que la marca alemana se ha convertido en el bastión de la movilidad sostenible en Europa.
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Situación en Colombia
En el mercado colombiano, las BMW G 310 R y G 310 GS continúan disponibles. La versión urbana, G 310 R, se comercializa por un poco más de 30 millones de pesos, mientras que la aventurera G 310 GS tiene un precio cercano a los 34 millones de pesos en sus versiones 2025. Esto sugiere que, al menos por lo que resta del año, estos modelos seguirán estando disponibles en el país y no habría de que preocuparse, empero, el ADN indio, hace dependiente la producción, por ende, es posible que si no se fabrique en la india o no se actualice, impacte en el mercado nacional.
La demanda de mercado
Aunque la descontinuación de las BMW G 310 R y G 310 GS en India genera incertidumbre, la sólida colaboración entre BMW y TVS, junto con el desarrollo de nuevos modelos y tecnologías, indica que ambas compañías están preparadas para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. Será interesante observar cómo evolucionan estos planes y qué impacto tendrán en mercados como el colombiano.
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