Drones para multar y atender el tránsito ¿Sí son viables? | Análisis

En países europeos, como España, se está apostando por la incorporación de vehículos aéreos no tripulados para la regulación del tránsito y como un dispositivo que permita la identificación de conductores que violen las normas de tránsito.

Colombia, por su parte, también ha experimentado con esta tecnología, pues no podemos olvidar que se han realizado pilotos para adjuntar los drones en la gestión de accidentes simples de tránsito, algo que podría ser una buena idea si consideramos que, solamente en Bogotá, se pueden alcanzar a registrar hasta 500 incidentes en un solo día y se tarda entre 40 minutos y hora y media el que un agente de tránsito pueda atender la situación.

Sin embargo, a nivel nacional parece que el país no ha dado los suficientes pinos para la implementación de las naves aéreas, y puede que esto se deba a diferentes motivos.

Cámaras de fotomultas (Salva vidas).

Aunque han sido muy polémicas, para nadie es un secreto que este tipo de dispositivos cumplen con su cometido, tanto a nivel de recaudo como de persuasión (por lo menos los letreros de información), pues disminuyen efectivamente las tasas de accidentalidad donde se instalan, además el funcionamiento permite que trabajen de forma casi automática, solamente informando al agente de tránsito sobre la violación de la norma, por tanto, este solo tiene que realizar una verificación para emitir una orden de comparendo.

Es natural que el costo de tiempo y logístico sea mucho más rentable para la reducción de accidentes en puntos estratégicos al colocar cámaras fijas de fotomultas que manteniendo un puesto de control sobrevolando con drones.

Capacitación y certificación.

Aunque los drones se vendan sin ningún tipo de instrucción especial, es necesario recalcar que para poder volar uno de estos dispositivos, especialmente en zonas de riesgo como las urbanas, es obligatorio que los usuarios cuenten con una certificación de la Aeronáutica Civil, la cual dependerá del nivel de profesionalización y peso del vehículo. Por lo anterior, los agentes de tránsito necesitarán capacitarse y/o permanentemente estar acompañados por un técnico que cuente con las capacidades para volar los dispositivos, aumentando de esta manera los costos de operación.

Legislación.

Partiendo del punto anterior, los manuales de procedimiento no permiten que solamente un particular capacitado pueda ser autorizado para tomar los videos y fotografías de un accidente de tránsito para que posteriormente sea un agente quien haga el mapeo (croquis de la situación), menos aún para tomar declaraciones o hacer entrevistas; en consecuencia, y por la responsabilidad que esto implica, es poco práctico pensar que los pilotos puedan ser contratados para trabajar de forma autónoma, sin presencia de las autoridades de tránsito.

Así mismo, debemos recordar que en el país aún no existe una legislación que obligue a las ciudades a incorporar las aeronaves para el levantamiento de incidentes de tránsito; por lo mismo, el uso masivo no parece estar disponible, por lo menos a corto plazo; no obstante, en el Congreso se está moviendo un proyecto de ley que, además de contemplar el cambio del funcionamiento del SOAT, también propone la posibilidad aquí descrita.

Multas.

A diferencia de las cámaras de fotomultas, que funcionan de forma casi automática, los drones simplemente se desempeñarían como una extensión del agente de tránsito, del mismo modo como funcionan los radares de velocidad; es decir, que cerca al lugar de los hechos estaría el agente imprimiendo la orden de comparendo o, por lo menos, presto a hacer el llamado de atención correctivo, cuando sea necesario.

Teniendo en cuenta la limitación de peso y baterías, es posible que el vuelo de los drones al día sea muy corto, por lo cual los avisos como “Zona vigilada por drones” serían suficientes para persuadir a los conductores, siempre y cuando sea aprobado por el Congreso de la República. Por lo menos habría menor cantidad de multas que con las cámaras permanentes, además de que se reduciría el costo de instalación, pues solamente en Bogotá, el Distrito ha gastado más de 40 mil millones en el establecimiento de los dispositivos “Salva Vidas”.

Conclusión.

Con todo lo anterior, es factible pensar en que los drones sean parte de los cuerpos de autoridades de tránsito, en las ciudades para el registro fotográfico de accidentes de tránsito y, porque no, como dispositivos de seguridad y vigilancia estratégica; mientras en carretera, la persuasión sería tan buena como los letreros de “radar de velocidad”, pero sin ser tan invasivos como las cámaras fijas y semiautomáticas.

A todo lo anterior, hay que establecer perímetros de vuelo, no solamente de seguridad, sino por la afectación al medio ambiente (fauna), el cual puede verse afectado por el uso indiscriminado de drones; además, queda pendiente el tema de privacidad y uso de datos, pues es claro que los dispositivos pueden sobrepasar del entorno público al privado, con tan solo un mal enfoque.

Por ahora las expectativas son altas y dependerá en gran medida de la legislación que la acompañe, por lo mismo, la viabilidad  la dejaremos en el concepto… depende.

Por Karim Chalá Lee.

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