Este departamento va a tener pico y placa general | “Para salvar vidas”

Titulares como “Los pico y placas salvan vidas” circulan como justificación oficial a una medida. Si bien puede parecer efectiva en el papel, merece un análisis más profundo. La propuesta de extender el pico y placa para motocicletas a todo el departamento del Atlántico, según anunció el gobernador Eduardo Verano, busca enfrentar una problemática real. Esta problemática son los accidentes viales en motocicleta que han dejado un saldo preocupante en lo que va del año.

La lógica detrás de la medida es sencilla: menos motos en circulación, menos posibilidades de que ocurra un accidente. En términos estrictamente matemáticos, podría funcionar. Pero, ¿realmente estamos salvando vidas o maquillando cifras?

Una solución que esquiva el problema

Aplicar pico y placa como medida de seguridad vial parte de una premisa equivocada. La premisa es que el problema es la cantidad de motos en las calles y no el comportamiento de quienes las conducen ni la falta de control institucional. Es como intentar curar una fiebre escondiendo el termómetro. La medida puede reducir el número de siniestros en los días de restricción. Sin embargo, no modifica las causas estructurales de la siniestralidad.

Lo preocupante es que esta decisión parece ser más un atajo estadístico que una estrategia de gestión integral. Técnicamente, se podrían reducir los índices de accidentalidad, pero por inercia, no por intervención real. Así, en lugar de corregir lo que falla como la formación, la fiscalización o la infraestructura se opta por sacar motos de circulación. Esto es como quien barre el polvo debajo de la alfombra.

Falta de autoridad, no de motos

En el fondo, esta decisión también puede interpretarse como un reconocimiento tácito de la incapacidad institucional para ejercer control efectivo. Las autoridades locales no cuentan con los recursos ni la fuerza suficiente para realizar operativos serios. No pueden detener motociclistas que incumplen las normas, verificar documentación o sancionar comportamientos peligrosos. En vez de fortalecer su capacidad, se imponen restricciones generales que afectan incluso a quienes sí cumplen.

En otras palabras, se castiga a todos por igual, porque no se puede (o no se quiere) identificar a los responsables reales.

¿Y la movilidad del ciudadano?

La motocicleta es, para miles de ciudadanos del Atlántico, mucho más que un medio de transporte: es su herramienta de trabajo, su alternativa ante un sistema de transporte público limitado, su forma de garantizar sustento y autonomía. Imponerle restricciones sin ofrecerle soluciones paralelas solo empeora su situación y agudiza la inequidad.

De hecho, el pico y placa generalizado termina castigando al ciudadano común por la falta de gestión en otros frentes. Estas incluyen la falta de educación vial estructural, la precariedad en las vías secundarias, la ausencia de campañas de cultura ciudadana, y la falta de innovación en seguridad vial.

¿Pico y placa para educar o para evadir?

Si la intención fuera realmente “salvar vidas”, ¿no sería más coherente invertir en campañas de sensibilización? También en formación desde los Centros de Enseñanza Automovilística, en endurecer el control sobre licencias, en mejorar la señalización y en reestructurar la infraestructura crítica. ¿Dónde está la articulación con los gremios de motociclistas, los sindicatos del transporte, las universidades?

El debate que hace falta

Nadie discute que la accidentalidad en moto es un tema grave, y que urge tomar acciones. Pero las decisiones de política pública deben ir más allá del efecto inmediato y abordar las causas de raíz. Se requiere una mirada más técnica y social. Hay que comprender la complejidad de la motocicleta en contextos como el del Atlántico. Esto incluye su rol económico, su vínculo con el trabajo informal, su acceso popular.

El problema no son las motos. El problema es cómo se está gestionando la movilidad. Además, cómo se están tomando decisiones que suenan bien en rueda de prensa, pero que no tocan lo que realmente importa.

El transporte público individual y en moto está afectando a las arcas de los ingresos del transporte público, el pico y placa busca justificar que muchas personas no puedan usar moto para que se vean obligadas a subirse al transporte público. Otro detalle que nadie dice es cada cuanto pasan los buses por ciertas zonas de la región, qué tan efectivo es.

En distintas ciudades la población se expande cada vez más y llegar a estos lugares toma entre uno, dos o más servicios de movilidad, que en otros casos para llegar a uno de ellos hay que caminar al sol, lluvia y riesgos de inseguridad.