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¿Tiene una fotomulta pendiente? Denuncia ante la Fiscalía pone bajo la lupa el SIMIT y 7,5 millones de comparendos

Un abogado pidió investigar presuntas irregularidades en los contratos tecnológicos del sistema de multas de tránsito. Según el denunciante, cerca de 7,5 millones de personas podrían estar relacionadas con las sanciones cuestionadas. El expediente menciona contratos por $45.821 millones, un subcontrato de $17.432 millones y certificaciones de experiencia de DICITEC utilizadas ante el Senado.

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¿Tiene una fotomulta pendiente o ya pagó un comparendo y se pregunta si podría recuperar ese dinero? Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación puso bajo cuestionamiento los contratos tecnológicos relacionados con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), además de solicitar que se revisen sanciones que, según el denunciante, habrían sido impuestas sin cumplir todos los requisitos legales.

El documento fue radicado el 12 de noviembre de 2026 bajo el número 2026201305514361 ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera. En él se señalan presuntas irregularidades en la contratación de servicios tecnológicos entre la Federación Colombiana de Municipios y Desarrollo de Infraestructura Civil y Servicios Técnicos Especializados de Gestión para las Regiones (DICITEC S.E.M. S.A.S.).

De acuerdo con las declaraciones del abogado recogidas por Infobae, cerca de 7,5 millones de personas podrían estar relacionadas con los comparendos cuestionados. De ese universo, aproximadamente seis millones aparecerían como morosas, tendrían medidas de embargo o figurarían en registros de cobro, mientras que alrededor de 1,5 millones ya habrían pagado las sanciones.

Sin embargo, el alcance de estos señalamientos todavía debe establecerse. La presentación de una denuncia no anula comparendos, no suspende automáticamente los cobros ni garantiza que los conductores reciban la devolución de su dinero.

¿Qué está pasando con los 7,5 millones de comparendos?

La denuncia coincide con otra actuación que ya había puesto las fotomultas bajo revisión. El 19 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron actuaciones administrativas contra 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos en los requisitos técnicos y legales para operar los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios tecnológicos de detección de infracciones (SAST).

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Según el balance oficial, los organismos incluidos en esa revisión impusieron más de 7,5 millones de comparendos entre 2018 y 2024. De estos, 5.832.906 estaban pendientes de pago y 1.582.398 ya habían sido cancelados, con un recaudo superior a $1,05 billones.

Entre las situaciones identificadas por las autoridades se encuentran la operación de cámaras sin concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metrología, el uso de conceptos expedidos a nombre de terceros y la obtención de requisitos técnicos después de iniciar operaciones.

Es importante distinguir estas cifras de las mencionadas en la denuncia penal: la Superintendencia presenta un balance de comparendos comprendidos en actuaciones administrativas, mientras que los 7,5 millones señalados por Ruge corresponden a su estimación de personas posiblemente afectadas por los cuestionamientos que plantea ante la Fiscalía.

Para quienes tienen multas pendientes, las autoridades de tránsito deberán aplicar las medidas que correspondan cuando las sanciones estén comprendidas en las actuaciones administrativas. En el caso de los comparendos pagados, cualquier solicitud de devolución debe ser analizada por la autoridad que impuso la infracción, de acuerdo con las circunstancias particulares.

Por eso, no todas las fotomultas del país pueden considerarse ilegales ni existe una devolución automática para quienes ya cancelaron sus sanciones.

¿Por qué la denuncia cuestiona los contratos del SIMIT?

El expediente también pone bajo la lupa la contratación de servicios tecnológicos relacionados con la operación del SIMIT. Según el abogado, seis contratos registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) suman más de $43.181 millones.

Al incorporar otros negocios, entre ellos un contrato de 2022 y servicios de alojamiento de datos, el monto señalado por el denunciante supera los $45.821 millones.

Los acuerdos estarían relacionados con infraestructura tecnológica, almacenamiento en la nube, alojamiento de datos, actualización y continuidad de los servicios informáticos del sistema.

Uno de los cuestionamientos centrales tiene que ver con la relación societaria entre las compañías. La denuncia sostiene que la Federación Colombiana de Municipios tenía participación accionaria en DICITEC y, al mismo tiempo, celebraba contratos con esa empresa. También solicita examinar la intervención de directivos en decisiones relacionadas con la contratación y la representación de los accionistas.

El abogado pide establecer si estas operaciones se ajustaron a las normas aplicables y si pudieron presentarse conflictos de intereses. Se trata de hipótesis que deberán ser evaluadas por la Fiscalía, no de responsabilidades que ya hayan sido declaradas judicialmente.

DICITEC y Smart Cloud: un subcontrato de $17.432 millones

Entre las operaciones señaladas sobresale el contrato 78 de 2023, celebrado entre la Federación y DICITEC. Su valor inicial fue de aproximadamente $21.461 millones y, después de modificaciones, alcanzó los $25.290 millones.

Posteriormente, DICITEC suscribió con Smart Cloud International Corporation S.A.S. un subcontrato por $17.432.318.871 para prestar servicios de infraestructura tecnológica de centro de datos. El acuerdo fue firmado el 15 de diciembre de 2023 y publicado en SECOP II el 21 de diciembre del mismo año.

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La denuncia destaca que Smart Cloud también figuraba como accionista de DICITEC y solicita revisar las condiciones en las que se estructuró esta operación.

La diferencia entre el valor modificado del contrato principal y el subcontrato supera los $7.858 millones. No obstante, esa brecha no demuestra por sí sola la existencia de sobrecostos, apropiación de recursos o detrimento patrimonial. Para determinarlo se requiere examinar los costos, las obligaciones de cada compañía y los servicios efectivamente prestados.

Las certificaciones de DICITEC que llegaron al Senado

Otro de los puntos relevantes del expediente está relacionado con tres certificaciones de experiencia expedidas a favor de DICITEC el 2 de marzo de 2020 y suscritas por el representante legal de la Federación Colombiana de Municipios.

Las certificaciones fueron suscritas por Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, quien, según la denuncia, también habría intervenido en la constitución de DICITEC como representante de una de las entidades fundadoras y posteriormente ejercido los derechos de la Federación como accionista. El abogado solicita verificar el contenido de esos documentos y las condiciones en las que fueron utilizados por la sociedad

Los documentos acreditaban experiencia por los siguientes conceptos:

  • Contrato 10 de 2017: $4.775 millones.
  • Servicios de hosting, colocation, UPS y software de impresión: $540 millones.
  • Contrato 09 de 2019: aproximadamente $1.924 millones.

En conjunto, las certificaciones sumaban cerca de $7.239 millones.

El abogado cuestiona algunos datos consignados en esos documentos. Entre sus observaciones señala que la certificación por $540 millones correspondía a servicios supuestamente prestados entre el 27 y el 31 de diciembre de 2019, pero no identificaba un número de contrato. Además, sostiene que no encontró el registro correspondiente en SECOP.

También advierte una diferencia en la descripción del contrato 09 de 2019: mientras la certificación lo presentaba como un acuerdo interadministrativo, en SECOP aparecía registrado como compraventa.

La importancia de estos documentos radica en su posterior utilización. Según la denuncia, DICITEC los presentó ante el Senado de la República en agosto de 2022 para acreditar experiencia en dos procesos de contratación directa:

  • Contrato 983 de 2022: operación y producción de contenidos del Canal del Congreso, por $8.078 millones.
  • Contrato 984 de 2022: producción del Noticiero del Senado, por $2.101 millones.

Ambos contratos superaron los $10.180 millones. El abogado solicita establecer si las certificaciones correspondían a servicios efectivamente prestados y si cumplían los requisitos exigidos para acreditar la experiencia de DICITEC.

Hasta el momento, estos señalamientos no equivalen a una declaración judicial de falsedad documental ni de ilegalidad de los contratos celebrados con el Senado.

MASORA y la participación accionaria de DICITEC

La composición societaria de DICITEC constituye otro de los asuntos que el denunciante solicita revisar.

Según el expediente, la sociedad fue constituida en 2015 con participación del municipio de Zarzal, Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA), la Federación y empresas privadas.

En ese momento, Zarzal tenía 333.333.333 acciones, equivalentes al 40 % del capital, mientras que MASORA contaba con 84.166.667, correspondientes al 10,1 %.

Posteriormente, el municipio dejó de figurar como accionista y esas 333.333.333 acciones pasaron a aparecer en cabeza de MASORA. Así, la asociación llegó a registrar 417.500.000 acciones, equivalentes al 50,1 % de DICITEC.

El abogado cuestiona si MASORA contaba con las autorizaciones necesarias para adquirir esa participación y solicita revisar las decisiones administrativas, actas y documentos que respaldaron la operación.

¿Quiénes son las personas mencionadas en la denuncia?

El escrito presentado ante la Fiscalía identifica a tres directivos vinculados con las entidades y empresas relacionadas con los contratos cuestionados:

Gilberto Toro Giraldo: director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. La denuncia señala su participación en la constitución de DICITEC como representante de una de las entidades fundadoras y, posteriormente, en el ejercicio de los derechos de la Federación como accionista. También cuestiona las certificaciones de experiencia que habría firmado a favor de esa sociedad.

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Enrique Alfonso López Pinilla: gerente y representante legal de DICITEC S.E.M. S.A.S., empresa que recibió contratos tecnológicos de la Federación y suscribió el subcontrato con Smart Cloud.

Fabio Antonio Ríos Urrea: director ejecutivo de Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA), organización cuya participación accionaria en DICITEC también es objeto de cuestionamientos.

El abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera solicita que se examinen las actuaciones de estas personas y las decisiones relacionadas con la contratación, la composición accionaria y el manejo de los recursos del SIMIT.

La inclusión de sus nombres en la denuncia no significa que hayan sido declarados responsables de algún delito. Se trata de señalamientos que deberán ser evaluados por la Fiscalía, entidad que, hasta la información disponible, no ha confirmado la apertura formal de una investigación penal.

Tribunal ordenó restituir $84.752 millones a municipios

A los cuestionamientos contractuales se suma una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 4 de septiembre de 2026 resolvió en segunda instancia una acción popular promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El Tribunal declaró vulnerado el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público por la conservación de excedentes operacionales y rendimientos financieros generados durante la administración del SIMIT. En consecuencia, ordenó restituir a municipios y distritos $84.752.584.040, distribuidos así:

  • $55.445 millones: excedentes operacionales.
  • $29.307 millones: rendimientos financieros.

La decisión precisó que la Federación puede recibir el 10 % de las multas efectivamente pagadas para financiar la implementación, operación y mantenimiento del sistema, pero no apropiarse de los excedentes y rendimientos que corresponden a las entidades territoriales.

Este fallo tiene un alcance específico: ordena restituir recursos a municipios y distritos. No representa una devolución directa a los conductores ni determina por sí mismo la ilegalidad de los contratos cuestionados en la denuncia penal.

¿Qué pueden hacer los conductores?

Ante este panorama, lo primero es verificar el estado del comparendo y la autoridad de tránsito que lo impuso. También es necesario comprobar si el organismo y el periodo de la infracción están comprendidos en las actuaciones administrativas anunciadas por la Superintendencia.

Si la multa está pendiente, el conductor debe consultar con la autoridad correspondiente las medidas aplicables. Si ya fue pagada, puede solicitar que se estudie su caso, pero la devolución dependerá de la evaluación y decisión de la entidad competente.

Los promotores de la denuncia habilitaron el portal www.simitdevuelvamelaplata.com para reunir a ciudadanos que consideran que pudieron resultar afectados y orientar posibles reclamaciones. Se trata de una iniciativa particular, no de una plataforma oficial de la Fiscalía, el Ministerio de Transporte o la Superintendencia. Registrarse allí no anula una sanción ni garantiza la recuperación del dinero.

Por ahora, la denuncia solicita investigar posibles conductas relacionadas con la contratación, los conflictos de intereses y la documentación presentada. Su radicación ante la Fiscalía no significa que las personas mencionadas hayan sido declaradas responsables ni que exista una decisión que anule los comparendos cuestionados.

Para los motociclistas y demás conductores, la pregunta central sigue siendo qué garantías existen para que cada fotomulta cumpla los requisitos legales y qué mecanismos pueden utilizar cuando consideran que una sanción fue impuesta irregularmente. La respuesta dependerá de las decisiones que adopten las autoridades en cada uno de los procesos.

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