¿Movilidad o caja registradora?: El peligro de multar con videos ciudadanos en Bogotá

Por Daniel Acosta Aular

La movilidad en la capital continúa siendo un dolor de cabeza crónico para quienes transitan a diario por sus avenidas. Con la reciente luz verde a la iniciativa impulsada por el concejal Juan David Quintero, el Distrito pretende sumar a la ciudadanía como fiscalizadora vial utilizando registros digitales particulares, una medida que busca mitigar un problema que, según cifras oficiales, genera el 54 % de los trancones en la ciudad.

Para PubliMotos, la lupa debe ponerse no solo en el objetivo de descongestionar las vías, sino en las profundas dudas operativas, legales y económicas que esta norma deja en el aire. ¿Nos encontramos realmente ante un pacto cívico de autorregulación o ante una maquinaria recaudadora que terceriza las funciones de la policía de tránsito y profundiza la persecución contra los conductores? A continuación, analizamos las dos caras de esta controvertida decisión.

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¿Movilidad real o una nueva «caza de multas»?

El malestar de los conductores y motociclistas en Bogotá no es gratuito. Ante los miles de comparendos impuestos anualmente por estacionamiento indebido —con localidades como Chapinero y Fontibón a la cabeza—, la percepción generalizada es que la Secretaría de Movilidad ve en las sanciones una fuente inagotable de financiación. Cuando se le otorga al ciudadano la potestad de sancionar a través de un video, el límite entre el ordenamiento vial y el recaudo fiscal se vuelve sumamente difuso:

• El negocio de la infracción: a los ciudadanos se les vende la idea de «solidaridad vial», pero para el Distrito esto representa un ejército gratuito de captores de evidencia que opera 24/7 sin que la Alcaldía deba invertir en más agentes, combustible o patrullas.
• El antecedente de las fotomultas: los actores viales ya sienten el peso de un sistema automatizado que castiga errores milimétricos sin contemplar las fallas históricas en la señalización o el estado deplorable de la malla vial. Sumar reportes ciudadanos sin filtros robustos agrava la sensación de persecución.

¿Y dónde están los agentes de tránsito? la tercerización del Estado

Una de las preguntas más incómodas que debemos hacernos es: ¿por qué la Alcaldía le transfiere la responsabilidad absoluta del control al ciudadano de a pie?

El mantenimiento del orden público y el control de las normas de tránsito son funciones indelegables de la autoridad competente, conformada por la Policía de Tránsito y el Cuerpo de Agentes Civiles. Delegar esta tarea en la ciudadanía no solo evidencia una alarmante escasez de pie de fuerza operativo en las calles y la insuficiencia de la Secretaría de Movilidad, sino que desdibuja por completo la autoridad institucional.

En lugar de formar y desplegar agentes profesionales capacitados para mediar, regular y sancionar con criterio técnico, se opta por una salida tecnológica que convierte las calles en un escenario de vigilancia vecinal permanente y potencialmente conflictiva.

Pros y contras de los «celulares-multa»

Como en toda política pública, existen dos caras de la moneda que el Distrito y el alcalde Carlos Fernando Galán deben sopesar rigurosamente antes de la sanción definitiva de la norma:

• Pros:
  • Disuasión masiva: el infractor sabrá que cualquier peatón o motociclista puede grabarlo, lo que inhibiría el hábito de parquear sobre andenes, ciclorrutas y carriles preferenciales.
  • Ataque directo al cuello de botella: reducir el impacto del mal parqueo aliviaría de forma teórica los tiempos de desplazamiento en corredores críticos.
  • Soporte normativo nacional: la norma pretende ampararse en la plataforma RECORD del Ministerio de Transporte, dotándola de un marco técnico inicial.
• Contras:
  • Cero objetividad y alta subjetividad: ¿quién garantiza que el registro no esté sesgado? Un ciudadano molesto con un vecino, un repartidor o un motociclista puede grabar de forma parcializada para perjudicarlo deliberadamente.
  • Riesgo de confrontación y seguridad: incentivar que la gente grabe y denuncie cara a cara en las vías públicas puede derivar en riñas, intolerancia y graves problemas de seguridad ciudadana.
  • Falta de debido proceso: validar infracciones sin la presencia de una autoridad que corrobore el contexto exacto abre la puerta a injusticias y a una avalancha de apelaciones en los juzgados de tránsito.

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Convertir a la ciudadanía en juez y parte mediante videos abre una caja de Pandora donde la convivencia vial puede deteriorarse mucho más que la propia congestión del tráfico.

Conclusión: el respeto se construye con pedagogía, no con retaliación

Bogotá necesita orden, de eso no cabe duda. El abuso del espacio público por parte de vehículos mal estacionados perjudica a los peatones, colapsa el tráfico y pone en riesgo constante a los motociclistas que transitan a diario por la ciudad. Sin embargo, trasladar la responsabilidad coercitiva del Estado a los teléfonos celulares de los habitantes plantea un riesgo de polarización urbana inadmisible.

Desde PubliMotos seguiremos de cerca la firma de esta norma por parte del alcalde Carlos Fernando Galán y exigiremos que, de implementarse, cuente con filtros tecnológicos inviolables que eviten la cacería de brujas y el abuso financiero contra quienes mueven la economía sobre dos y cuatro ruedas.

¿Será que el concejal Julián “Fuchi” Forero estará atento al tema, o que figuras como el senador Gersson Vargas —conocido popularmente como Señor Biter— revisarán si esto realmente beneficia a la colectividad?