“Las restricciones de motos… no reducen el delito”

Un estudio propio de este centro educativo, que por cierto para el 2021 ocupó el quinto lugar en el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica, y publicado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) concluyó que: “Las restricciones de motos-parrillero hombre, parrillero de cualquier sexo o restricción completa de circulación no reducen el delito”. Así lo argumentó el director del CESED, Michael Weintraub, después de realizar un estudio de largo aliento, en más de 25 capitales colombianas, y sobre la base de lograr identificar el verdadero impacto de ese tipo de normativas para motos en miras a la seguridad local.

Sin duda, estos son datos más serios que los que expreso Claudia López cuando intentó argumentar las nuevas restricciones para los motociclistas en la capital, y que entrarán a regir a partir del próximo 11 de abril, particularmente los días jueves, viernes y sábados entre las 7:00 de la noche y 4:00 de la mañana; todo sobre la base de que en eso días, aparentemente, 1 de cada 4 asesinatos se comenten en motos (palabras de la mandataria), además del salvaguardo a la seguridad de los capitalinos. Pero de acuerdo al informe, “aunque las restricciones a las motocicletas han sido adoptadas en 25 ciudades para reducir el crimen, no existe evidencia de su efectividad”.

Colombia sigue siendo uno de los países con mayor crimen urbano en la región.

Las mayores tasas de victimización son en delitos contra la propiedad y en delitos contra la vida. En ambos casos, el uso de motocicletas como medio de transporte de los criminales se ha incrementado. pic.twitter.com/hUS05Rj7Ll

— Uniandes (@Uniandes) April 5, 2022

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Aun así, el estudio reconoce que nuestro país sigue punteando en los índices de crímenes urbanos en la región. Resulta que las mayores tasas de victimización parten de delitos contra la propiedad y contra la vida; en ambos caso, “el uso de la motocicleta como medio de transporte de los criminales va en aumento”; algo que se puede evidenciar en el gráfico previo a este párrafo. Sin embargo, y aquí la investigación es insistente: respecto a las restricciones para las motocicletas, no existe evidencia de su efectividad en la cuestión. Mejor dicho, en ninguna parte se logra identificar el porqué restringir un medio de movilidad para mejorar la seguridad local.

“Dados los costos de vigilar su cumplimiento y los costos que se imponen sobre la ciudadanía, las autoridades locales deberían buscar otras alternativas de política pública en materia de seguridad”, concluye la investigación. Y resalta, por último, los costos sociales para la población, cuando la mayoría de las personas que se movilizan en los vehículos de dos ruedas lo hacen por necesidad; estando, solo una pequeña parte, involucrada en actos delictivos.

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