¡Increíble! Un motociclista fue víctima doble. Le roban la moto y lo embargan por multas

La pesadilla de Frank Lucero comenzó el 27 de septiembre de 2023, cuando recibió una notificación por parte de Tránsito Bogotá. Esta indicaba que su motocicleta, presuntamente inmovilizada en Santa Marta, había sido sancionada en dos ocasiones. El comerciante, sorprendido, acudió a las oficinas del Tránsito. Allí le anunciaron que su moto «no estaba»: había salido del depósito sin su autorización, circulado en Bogotá, y acumulado infracciones. Todo esto, mientras él había reclamado el vehículo tras el hurto desde los patios del Tránsito de su ciudad.

Para Lucero, este fue el inicio de un calvario burocrático. A pesar de tener pruebas del hurto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá exigió el pago de multas por valor aproximado de $1.600.000. La situación escaló aún más cuando le embargaron parte de su salario por un total de $2.800.000. “Esto es un abuso. No veo avances en la investigación y, en cambio, me embargan por algo que no cometí”, expresó con indignación.

¿Se puede embargar por no pagar?

En Colombia, los embargos por deudas de tránsito suelen efectuarse cuando se agotan los canales de cobro coactivo, tras debida notificación al infractor. Estas medidas pueden incluir el bloqueo de cuentas bancarias o el descuento del salario. No obstante, cuando se trata de errores, como multas impuestas a vehículos robados, las víctimas pueden solicitar la verificación del comparendo. Esta verificación se realiza ante la Subdirección de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad para anular el proceso.

En el caso de Lucero, esa opción parece no haber sido efectivamente aplicada. Esto plantea dudas sobre los protocolos de revisión de sanciones en escenarios de hurtos reportados oficialmente.

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¿Qué paso con la moto?

Este no es un caso aislado. En agosto de 2023, se denunciaron la desaparición de cuatro motocicletas y un vehículo inmovilizados en los patios del Tránsito del barrio La Esperanza, en Santa Marta. Como consecuencia, la Personería Distrital formuló pliego de cargos, en agosto de 2025, contra cuatro exfuncionarios: Ernesto Mario Castro Coronado (exsecretario de Movilidad), Franklin Carreño Cantillo (exdirector de Movilidad), Jazmín del Socorro Sánchez Bozón (exdirectora administrativa), y Hilda María Borja Vega (exsecretaria general de la Alcaldía). La investigación apunta a omisiones graves que habrían facilitado el hurto de bienes bajo custodia estatal. Estas omisiones configuran un perjuicio directo a la ciudadanía.

Estas acciones disciplinarias, aunque significativas, no han permitido aún la restitución de los vehículos. Tampoco han dejado resultados judiciales claros, más allá de los procesos administrativos en curso.

¿Qué impacto tuvo el no tener la moto?

Para Lucero, lo perdido va más allá de una moto. El vehículo era su herramienta de trabajo y su pérdida, además del desgaste emocional, implicó una carga financiera severa. La imposición de comparendos injustificados y un embargo salarial agravan su situación: “Ya ni me importa la moto; solo quiero que borren esas sanciones y den de baja el vehículo para que no me sigan persiguiendo”, declaró.

Este tipo de fallos no solo afectan a la víctima directa, sino que erosionan la confianza en las instituciones. También evidencian la necesidad de protocolos más rigurosos en la custodia de vehículos y en la gestión de comparendos posthurto.

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¿Qué hacer en estos casos?

1. Denunciar inmediatamente el hurto ante la Policía y las autoridades de tránsito correspondientes, exigiendo protocolo formal de custodia.
2. Solicitar verificación y anulación de comparendos ante la Secretaría de Movilidad, especialmente en casos donde el vehículo estuvo inmovilizado o fue robado.
3. Presentar tutelas o recursos legales para frenar embargos y exigir corrección de datos, como ya hizo el comerciante afectado.
4. Monitorear los procesos disciplinarios que avanza la Personería Distrital; la transparencia y seguimiento ciudadano pueden acelerar resultados.

La historia de Frank Lucero revela una falla sistémica: un ciudadano que, siendo víctima de hurto, termina protagonista de una cadena de errores administrativos. Mientras la Personería de Santa Marta avanza en sancionar a los responsables institucionales, la víctima sigue embargado por multas que no cometió.

Este caso debería servir como alerta. Es esencial reforzar la custodia en los patios de tránsito, revisar protocolos de sanción posthurto y garantizar que los ciudadanos no sufran doble victimización.

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