Nueva medida en Colombia: Prestar o alquilar su moto podría costarte muy caro

Una orden judicial emitida por el Juzgado 15 Administrativo determinó que el parrillero mayor de edad no podrá circular en moto en los cuatro municipios del área, y además atención que solo podrá conducir la motocicleta su propietario.

Sí, así como suena: en adelante, si usted conduce una moto que está a nombre de un familiar, su pareja o incluso una empresa, podría estar infringiendo esta nueva disposición. Esta medida, supuestamente orientada a combatir el mototaxismo, es en realidad un golpe directo al sentido común y a los derechos fundamentales de cientos de ciudadanos.

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Un golpe a la propiedad privada

Exigir que el conductor sea también el propietario del vehículo es, en el fondo, una restricción al uso de la propiedad privada. Es como si se dictara que en una casa solo puede vivir su dueño, y que ni familiares ni arrendatarios tienen derecho a habitarla porque así lo determina un juez. ¿Qué diríamos si eso pasara? Pues algo muy similar está ocurriendo hoy con las motocicletas.

En Colombia, como en cualquier sociedad libre, los bienes pueden ser usados por terceros de manera legítima. ¿O es que ahora vamos a revisar si quien maneja un carro lo tiene a su nombre para dejarlo circular? ¿Acaso no existen vehículos de empresa, de leasing, o de familias donde la moto está a nombre del padre, pero la usa el hijo para trabajar o estudiar?

Esta medida no solo desconoce la realidad socioeconómica de miles de familias bumanguesas que comparten o prestan sus vehículos, sino que también limita su capacidad para desplazarse, trabajar y vivir con dignidad.

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La libre movilidad también es un derecho

El otro punto crítico de esta disposición es la prohibición del parrillero, independientemente de su edad. No importa si es su esposa, su hijo mayor de edad, su compañero de trabajo o un amigo: si alguien se sube a la parte trasera de su moto, está infringiendo la norma. Esto va más allá de una simple regulación; es una limitación directa al derecho a la libre movilidad consagrado en la Constitución.

El argumento esgrimido por las autoridades es que esta medida busca frenar el mototaxismo. Sin embargo, el remedio parece más nocivo que la enfermedad. Se trata de una solución superficial que penaliza al ciudadano común mientras el problema estructural de fondo —la falta de empleo formal y la debilidad en el sistema de transporte público— permanece intacto.

¿Y el horario? Un detalle menor frente a derechos mayores

La restricción horaria impuesta (de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., y los fines de semana desde el mediodía hasta las 11:00 p. m.) parece, dentro de todo, lo menos preocupante. Lo verdaderamente grave es que esta medida sienta un precedente en el que, por orden judicial, se restringe la libertad de circular y el uso de bienes propios —o compartidos— sin considerar la diversidad de realidades sociales que atraviesan los motociclistas en el país.

Recordemos que muchas de estas motos no solo son el medio de transporte de una persona: son la herramienta de trabajo de toda una familia.

Más diálogo, menos imposición

Las protestas registradas recientemente, como la del pasado 30 de abril en la Puerta del Sol, no son simples actos de rebeldía. Son expresiones legítimas de inconformidad de una ciudadanía que siente que las decisiones se toman sin consultar ni comprender su realidad cotidiana.

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Bucaramanga no necesita más medidas que estigmaticen al motociclista. Necesita políticas públicas integrales, donde se fomente el uso responsable de la moto, se combata el mototaxismo con alternativas viables y se respeten los derechos fundamentales.

Combatir la ilegalidad no puede significar criminalizar al ciudadano de a pie. Porque cuando las normas comienzan a meterse con la propiedad y la movilidad sin razón suficiente, todos deberíamos preocuparnos.

Artículo de opinión por Karim Chalá