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¡CUIDADO! Todos los ciclomotores necesitan licencia y SOAT. Las bicicletas eléctricas no se salvan
La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha encendido las alarmas ante el creciente comercio informal e ilegal de ciclomotores en el país.
Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también afecta negativamente la movilidad sostenible en Colombia debido a la falta de licencias adecuadas.
Y es que se está denunciando que los vendedores están comercializando vehículos que sobrepasan los 25 km/h y tienen potencias mayor a 350 vatios, en pocas palabras ciclomotores, bajo la premisa que no requieren licencia, ni SOAT, ni registro en el RUNT. Sin embargo, estos vehículos, por sus características deben ser clasificados como ciclomotores, por tanto ¡podrán ser inmovilizados!

Requisitos legales para ciclomotores en Colombia
Según la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, los ciclomotores deben cumplir con ciertos requisitos para su circulación legal en el país
Matrícula: Todo ciclomotor debe estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): es indispensable contar con este seguro vigente para cubrir eventuales accidentes.
- Licencia de conducción: el conductor debe poseer una licencia válida para operar este tipo de vehículos.

Estas normativas buscan garantizar que los ciclomotores circulen de manera segura y bajo regulaciones que protejan tanto a los conductores como a otros actores viales.
Incremento de la venta ilegal y sus implicaciones
La ANDI ha identificado un aumento en la comercialización de ciclomotores que no cumplen con los requisitos legales mencionados. Muchos de estos vehículos son promocionados de forma engañosa, asegurando que no requieren matrícula, SOAT ni licencia de conducción, y que pueden transitar libremente por ciclorutas y otros espacios no habilitados para ellos. Esta desinformación pone en riesgo a conductores, peatones y ciclistas.
Además, se ha detectado que algunos ciclomotores se venden en establecimientos no especializados, como droguerías, donde los consumidores no reciben información adecuada sobre las normativas vigentes ni sobre los elementos de protección necesarios para su uso.
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Datos preocupantes sobre la informalidad
Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, destacó que la informalidad en la comercialización de ciclomotores ha tenido un impacto negativo en la seguridad vial y en el cumplimiento de las normativas de tránsito. Según datos de la entidad, el registro formal de ciclomotores en el RUNT disminuyó un 51% entre 2022 y 2024. Paralelamente, las importaciones de vehículos promocionados como «bicicletas eléctricas» crecieron más del 700% en 2024, lo que sugiere un desplazamiento hacia la informalidad impulsado por la falta de regulación en la importación y venta de estos vehículos.
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Diferencias entre ciclomotores y bicicletas eléctricas
La Resolución 160 de 2017 establece criterios claros para diferenciar entre bicicletas eléctricas y ciclomotores:
- Bicicletas eléctricas: deben tener un peso máximo de 35 kilogramos, una velocidad máxima de 25 km/h con asistencia, y una potencia nominal del motor que no supere los 350 vatios. Además, el motor debe desconectarse automáticamente al alcanzar la velocidad máxima o al dejar de pedalear.
- Ciclomotores: se caracterizan por tener motores de mayor potencia, que pueden alcanzar hasta 4.000 vatios, y superar los 25 km/h. A diferencia de las bicicletas eléctricas, los ciclomotores no requieren necesariamente el pedaleo para su funcionamiento.
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Llamado a la acción
La ANDI insta a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para regular la importación y comercialización de ciclomotores, asegurando que cumplan con las normativas vigentes. También hace un llamado a los consumidores para que se informen adecuadamente antes de adquirir estos vehículos y cumplan con todos los requisitos legales para su circulación.

La proliferación de ciclomotores ilegales representa un desafío significativo para la seguridad vial en Colombia, teniendo en cuenta que se ponen en manos de conductores vehículos que requieren un conocimiento y preparación especial, y por lo mismo, representan un peligro sin ningún tipo de control.

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