Recientemente estuvimos visitando la capital del Norte de Santander, y quedamos asombrados por la informalidad y la vista gorda de las autoridades aduaneras, respecto al crecido ingreso de motocicletas venezolanas a la ciudad con fines de comercialización. Se ha tornado una informal venta de motos en cuanto puesto de comercio exista, llegando a afectar considerablemente a la industria nacional, departamental y local, creando un gran “boom” derivado de los subsidios que el gobierno venezolano otorga a sus ciudadanos, así como al sistema “Venezuela Productiva Automotriz” que ofrece motocicletas por un valor que incluso no llega al 40 por ciento al de una moto en Colombia.

La devaluación, la antagonista que muchos prefieren

El mercado de motos local en Cúcuta se ha sumado a la larga lista de productos que muchos colombianos encuentran más baratos al otro lado de la frontera. Es una coyuntura que ha afectado en gran proporción al comercio motilón y que hace mella en la economía de la región.

Los grandes beneficiados son en última instancia los concesionarios venezolanos colindantes, que reciben a un gran número de clientes que apetecen sus productos como si se tratara a la moto como un vehículo en vía de extinción.

La venta de motos en la frontera del lado venezolano se ha duplicado, al tiempo en que del lado colombiano en Cúcuta ha disminuido, para algunas marcas incluso más del 50 por ciento respecto al año anterior.

Si nos remontamos años atrás, hacia el año 2006 a la ciudad la tomo el auge de las famosas CIAS (Comercializadoras) y todo se ganaba al cambio del CADIVI venezolano (Comisión de Administración de Divisas). En aquella época los colombianos pasaban la frontera y con la intermediación de venezolanos, llevaban tarjetas a Cúcuta y al cambio con la moneda extranjera se generaba un margen de ganancia cercano al 15%. Compraban una moto de $ 3.500.000 con CADIVI y al cambio les salía en $ 3.100.000 en algunos casos, luego ya se vendían motos más económicas en las calles de Cúcuta, sin embargo esta modalidad no tuvo tanto auge como se está presentando en la actualidad.

Cada vez que hay crisis en Venezuela, la capital del Norte de Santander termina muy afectada en materia comercial y económica. Esta forma de ganar con el cambio pudo durar hasta mediados del año 2010, ya que desde esta época se presenta el gran desplome del Bolívar y el auge se intensifica a tal punto que hoy día el Bolívar no alcanza a representar si quiera ½ peso colombiano.

Venta informal en Cúcuta, una constante en crecimiento

El secretario de tránsito de Cúcuta Javier Ardila, ha sido quien le ha puesto mayor interés a esta problemática y fue quien escuchó los testimonios de los concesionarios, para transmitir la angustia generalizada a la Alcaldía de la ciudad. En cabeza de Donomaris Ramírez, la alcaldía busca formular planes de acción que mitiguen la ausencia de políticas claras para la frontera.

Caminando por las principales calles de Cúcuta, se observa cómo se disparó la venta informal de motos venezolanas. Es curioso mirar a simple vista cómo en droguerías, tiendas, ventas de repuestos, centros de servicio y hasta en puntos de venta de minutos a celular, exhiben estas motos para la venta; se ha convertido en un negocio riesgoso que debido a su rentabilidad transitoria, muchos comerciantes sin mucha experiencia en ventas en este tipo de vehículos se atreven a apostarle, sin considerar que deben cumplir con ciertas normas que por fortuna para ellos e infortunadamente para la industria nacional, las autoridades de aduana en Colombia no hacen mucho por mitigar con esta modalidad de contrabando.

Y es que no es para menos, una moto venezolana se vende como pan caliente y a sus acreedores parece no importarles el tema de posventa por ejemplo, algo vital y de mucha importancia para una marca que ofrece respaldo y garantía.

¿Y la garantía? Pues es muy engorroso hacerla efectiva en este tipo de compra ya que para hacerlo, deben pasar la frontera y el dueño legal, es decir a la persona que prestó su nombre para la venta, debe ser quien lleve la moto y reclame.

Con gran sorpresa la Secretaría de Tránsito de Cúcuta ha encontrado dentro de sus operativos rutinarios, que aparecen más de 40 motos a nombre de un solo ciudadano venezolano y es más, en alguna oportunidad encontraron un lote completo de motos vendido de una forma tan irregular, que el único documento que soportaba la compra era una fotocopia con resaltador de una relación de inventario portuario.

Las que se parecen

Gota a gota desangrando a la región

Otra modalidad dentro de la misma venta informal de motos venezolanas en Cúcuta es el “Gota a Gota”, por el que a diario cobran 10 mil pesos por la moto y al cabo de 4 meses o menos, ya se ha cancelado en su totalidad. Fuera de los términos de usura, esta figura es rentable para aquel vendedor que no debe pagar cargos administrativos, para-fiscales, impuestos, aduana, cumplir con la ley ni declarar ventas ya que es una venta informal de la cual saca provecho, quebrantando la ley ante la mirada permisiva de las autoridades. ¿Dónde está la DIAN regulando este contrabando? ¿Dónde la policía y autoridades locales frenando la actividad ilícita? ¿Los entes gremiales de comercio en Colombia aportando, ayudando y asesorando a sus afiliados? Y ni qué decir del gobierno ¿protegiendo la industria nacional? Los pañitos de agua tibia evidencian la presencia casi nula de los entes reguladores en los territorios, mas no su accionar contundente.

Decomiso de motos, multas y otros agravantes

A Andrés Garzón, un propietario de moto venezolana en Cúcuta, el pasado 11 de octubre en plena celebración de un partido de la selección Colombia, en un retén le fue decomisada su moto por alcoholemia. Haciendo cuentas, el transporte de la grúa, el tiempo en patios y el valor de la multa casi igualan en precio al valor de la moto confiscada, ahora la pregunta sería ¿usted la sacaría de los patios en plena bonanza de moto venezolana? Hay quienes seguramente sí lo harían, sin embargo tuvimos la oportunidad de estar en los patios del área metropolitana de Cúcuta y desde el auge de las motos vecinas, cuando estas se decomisan nunca vuelven por ellas, ¿la razón? “es que sale mejor ir a comprarme una nueva que darle esa platica a otros” afirmó Garzón.

Este personaje que usa la moto para trabajar, asegura que en menos de una semana ya podría adquirir su moto nueva, más económica de lo que la podría encontrar en Cúcuta ya que por la intermediación se eleva el costo, él lo que haría es traerla desde el vecino país con la complicidad de un familiar suyo que tiene nacionalidad venezolana. Pagar las sanciones no es justificable por parte de los infractores, prefieren esperar una semana y comprar una nueva a tener que asistir a audiencias, pagar y/o firmar acuerdos de pago para así tener de vuelta su vehículo. Lo que pudimos observar es que muchos no buscan una marca específica, solo buscan un vehículo para transportarse que cuando se dañe o se pierda, puedan reemplazarlos con facilidad.

Al inicio de este reportaje le atribuimos el auge de la venta informal de motos en la frontera al sistema Venezuela Productiva Automotriz del Ministerio del Poder Popular para Industrias, que comprende el ensamble y distribución de vehículos a través de empresas mixtas con el Gobierno Bolivariano.

Según la AIFEM (Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladores de Motociclos de Venezuela) al corte de septiembre de 2013, las ventas de motos en este país de sus marcas afiliadas Empire, Skygo, Suzuki, MD, y Bera, reportan 373.062 unidades, teniendo un crecimiento acelerado desde mitad de año.

Lo curioso es que en el resumen de producción global, la AIFEM señala que son 382.910 unidades las producidas a corte de septiembre de 2013, lo que deja un margen de tan solo 9848 motos en reserva: la moto venezolana se vende a ritmo acelerado pero su parque automotor no crece igual: ¿dónde están estas motos?

A este sistema se le han sumado las motos Kawasaki, que se ensamblan en una planta ubicada en el estado de Carabobo y piensan distribuirse masivamente a finales de este año.

“A partir del mes de septiembre y octubre estamos incorporando parte de la producción de KMV (Kawasaki) al modelo de Venezuela Productiva Automotriz”, aseguró el ministro de industrias Ricardo Menéndez durante una inspección de la fábrica a un diario venezolano.

La planta tiene capacidad para ensamblar 120 unidades diarias, aunque en la actualidad se ensamblan cerca de 75 motocicletas al día, según voceros de la firma KMV en Venezuela.

“Tenemos una meta de producción de 9.800 motos, un acumulado de producción de 4.100 y aspiramos llegar a 8.500 motos ensambladas a finales de año”, explicó Menéndez a la prensa venezolana semanas atrás. El Estado es dueño del 51% de las acciones de esta ensambladora.

Un fin de año oscuro le podría esperar a los concesionarios de la frontera

Tuvimos la oportunidad de mirar las dos caras de la moneda. En Cúcuta visitamos la frontera, hablamos con algunos vendedores informales así como con los gerentes de concesionarios de la ciudad, para establecer el diagnóstico del comercio de motos.

Hablando con cada uno de los representantes de las marcas de motos presentes en el mercado del Norte de Santander (Auteco, Yamaha, Honda, AKT, Suzuki) nos contaban con angustia cómo han visto decrecer la industria nacional. En primera instancia en la reducción de ventas en algunos casos del 40% a más del 50% respecto al año anterior, y con ello la inminente reducción de personal a la que algunos han tenido que afrontar.

Ya no hay estrategia comercial alguna que “seduzca” a los clientes: promociones, ferias, regalos, descuentos, garantía… ya que con la cuota inicial en Colombia, compra la moto completa en Venezuela.

Honda y AKT ya presentan reducción de personal en Cúcuta, Auteco y Suzuki lo pronostican dentro de muy poco y en donde más se evidencia la problemática es precisamente en donde hay menos presencia de las autoridades: los municipios colindantes.

En Cúcuta, precisan los representantes de estas ensambladoras, la Secretaría de Tránsito ha ejercido una labor de control hasta donde sus límites de jurisdicción se lo han permitido, sin embargo falta una mayor presencia de las autoridades y una ley sólida que a nuestro juicio, regule el ingreso y la movilidad de la moto extranjera en territorio colombiano, tal cual como sucede al otro lado de la frontera en donde la placa colombiana es la presa a atacar y es inmovilizada de inmediato.

Pero el problema no está solo en el Norte de Santander, también en Arauca y presumiblemente en los demás municipios colindantes.

¿Qué pasaría si este problema se traslada al interior del país y las motos las comercialicen como repuestos? Esperamos no llegar hasta allá.

Fuga del IVA y de Industria y Comercio

Los entes gubernamentales parecen haber olvidado que al no regular la entrada y comercialización de moto venezolana a Colombia, se está generando una gran evasión del Impuesto de Valor Agregado y el de Industria y Comercio.

Al tenor del artículo 191 de 1995 por medio del cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera, la acción del gobierno en zonas de frontera deberá orientarse prioritariamente entre otros objetivos a la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad social, comercial y aduanera.

Lo que no tienen en cuenta los compradores de moto venezolana

La persona va y se compra una moto pero no se fija en que para rodar en Colombia y en territorio fronterizo, debe contar con un título de propiedad, que es el venezolano en este caso, que se asemeja a un título de propiedad de una moto colombiana. Este documento ningún motociclista de nacionalidad colombiana lo puede tener porque es exclusivo para venezolanos: cédula venezolana o RIF. Este documento es muy diferente al Certificado de Origen, que es el que dice que tiene 30 días para obtener el título de propiedad. Este documento es un certificado de compra de un concesionario para que luego uno se dirija a la entidad de tránsito respectiva e iniciar el trámite. En Colombia la placa se asigna a la moto, en Venezuela la moto ya viene con la placa.

Ahora bien, hagamos el ejercicio

Si yo me voy para Venezuela y tengo un amigo con esta nacionalidad, compro la moto y esta queda a su nombre. Luego me la traigo para la frontera y allí inicio los trámites para sacar el título de propiedad. Con este documento legal debo tener para poder circular en las ciudades fronterizas: SOAT colombiano, revisión técnico mecánica y su licencia de conducción.

Con el mencionado certificado de origen pueden circular cerca de 4.000 motocicletas solo en el área metropolitana de Cúcuta. Si una moto es confiscada por la DIAN luego de pasar los 30 días de plazo para tramitar el título de propiedad con el certificado de origen, el vehículo queda como prenda de contrabando.

Ahora, en cuanto al certificado de gases, lo curioso es que los propietarios de moto venezolana en Cúcuta, aplican la ley colombiana a su moto extrajera aduciendo que tienen dos años para expedir este certificado como si se tratara de una moto matriculada en Colombia.

Y qué pasa con el SOAT

En Colombia quien compra un SOAT, debe hacerlo con una vigencia de 365 días, pero para la moto venezolana como supone una movilización temporal, por ley puede comprar este seguro con vigencia para 3, 6, 9 y 12 meses. Lo que ocurre en la frontera es que muchas veces el motociclista compra un SOAT de 3 meses y hasta que no vea que hay retenes permanentes, no le interesa comprar otro, pueden pasar meses y estar rodando sin problema. En cuanto al pago, este se divide porcentualmente con el costo total, y ahí si el cucuteño se vuelve venezolano y afirma que como su moto es venezolana, no pueden obligarlo a comprar el SOAT por un año.

¿Qué hay por hacer?

• Frenar la comercialización informal, al tiempo que se exijan títulos de propiedad a los motociclistas venezolanos que circulan en Cúcuta y en todas las zonas de frontera con Venezuela.
• Proteger el mercado colombiano e intentar disminuir impuestos para incentivar la dinámica del mismo.
• Apoyar con argumentos legislativos a las autoridades de tránsito en toda la frontera para contribuir con el primer propósito.
• Sin duda, el trabajo que ejecute la DIAN será definitivo para acabar con este flagelo, se invoca a la entidad para que ejerza soberanía e implante los controles necesarios como sucede al otro lado de la frontera.
• Que los entes gremiales como FENALCO y Cámaras de Comercio de la Región se involucren en el tema para alertar al gobierno nacional, departamental y local, y así contribuir con acciones conjuntas para buscar una ley de frontera más eficaz que proteja los intereses de los colombianos.

Estamos en tierra de nadie, y la expectativa porque esto mejore es la esperanza de la ya golpeada industria nacional que hace un llamado al gobierno nacional para que los proteja, para que vele por sus intereses por encima de los de los industriales vecinos. Venezuela sí adopta posiciones radicales para proteger a los suyos, esperemos que Colombia haga lo propio y que no solo se sienta ese apoyo en épocas electorales.

Galería de Fotos

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