Peajes para motos en Colombia: ¿qué dice la ley y los gremios?

El debate sobre si las motocicletas deben o no pagar peajes en las carreteras colombianas es una constante que resurge con fuerza en cada coyuntura económica o coyuntura de gobierno. Con un parque automotor donde las dos ruedas superan el 60 % del total de vehículos circulantes, la discusión trasciende la mera recaudación fiscal. Además, este tema se convierte en un asunto sensible. Involucra argumentos técnicos, financieros y de justicia social.

Por una parte, las concesiones viales, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y diversos gremios del transporte sostienen que la red vial moderna (proyectos 4G y 5G) demanda recursos significativos para su conservación y operación diaria. Por otra parte, asociaciones de usuarios, clubes y veedurías ciudadanas defienden la exoneración garantizada por la Ley 787 de 2002. También advierten sobre el impacto directo que un nuevo cobro causaría en la economía popular. Esto afectaría a los trabajadores independientes.

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La postura de los gremios y la infraestructura: costos operativos y equidad

Desde la perspectiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), la Asociación Nacional de Concesionarios Viales y gremios del transporte de carga, la gratuidad del paso para las motocicletas genera un desequilibrio financiero en las concesiones.

Sus argumentos centrales se basan en tres puntos operativos:

1. Atención de emergencias y servicios asistenciales: las motocicletas hacen un uso intensivo de las ambulancias, grúas y carro-talleres dispuestos en las autopistas. Según las concesiones, el costo de atención a siniestros viales que involucran motocicletas es asumido íntegramente por los peajes que pagan los vehículos de cuatro o más ruedas.
2. Infraestructura especializada: se argumenta que el elevado flujo de motocicletas exige adecuar zonas de parqueo, carriles de servicio, señalización vertical/horizontal diferenciada y elementos de protección pasiva (como sistemas de protección para motociclistas en los guardavías).
3. Propuestas de tarifas diferenciadas: la posición gremial no plantea tarifas idénticas a las de los automóviles, sino la creación de una subcategoría tarifaria (equivalente al 20 % o 30 % de la Categoría I) dirigida a motocicletas de mediana y alta cilindrada (por encima de los 250 cc), argumentando que este segmento es utilizado principalmente con fines recreativos o de turismo.

La defensa de los usuarios y conductores: impacto social y técnica vial

Las asociaciones de conductores y voceros del sector rechazan rotundamente cualquier intento de modificación al esquema actual. Su postura se fundamenta en aspectos socioeconómicos y técnicos claros:

1. Herramienta de trabajo y sustento: en Colombia, la motocicleta no es un bien suntuario. Es el medio de transporte prioritario para los estratos 1, 2 y 3, así como la herramienta indispensable para mensajeros, domiciliarios, agricultores y trabajadores independientes. Imponer un cobro afectaría la capacidad de ingreso de millones de familias.
2. Menor desgaste sobre la capa asfáltica: desde el punto de vista de la ingeniería pavimentaria, la degradación del asfalto está directamente relacionada con la carga por eje. El peso conjunto de una motocicleta y su ocupante (promedio 250 kg) genera un impacto prácticamente insignificante en la estructura de la vía en comparación con un camión de carga o un autobús.
3. Insuficiencia del transporte público: los usuarios señalan que la adopción masiva de la motocicleta responde a las deficiencias, altas tarifas e incomodidad del sistema de transporte masivo urbano e intermunicipal.

¿Qué dice la ley y cuál es la posición oficial del Gobierno?

En el terreno normativo, el pilar central que protege a este sector es la Ley 787 de 2002. Esta ley establece de forma explícita que las motocicletas están exentas del pago de peajes en toda la infraestructura vial nacional.

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Aunque de manera recurrente circulan iniciativas en el Congreso de la República o rumores sobre posibles modificaciones a este marco legal, la postura oficial del Ministerio de Transporte se mantiene firme en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En recientes declaraciones de la cartera de Transporte, encabezada por la ministra Elsa Noguera, se descartó categóricamente la implementación de peajes para motocicletas.

Además, se reiteró que la prioridad de la política pública vial debe centrarse en la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad. El enfoque debe estar también en el fortalecimiento de la cultura ciudadana antes que en la imposición de nuevos gravámenes económicos.

Veredicto

Implementar el cobro de peajes a las motocicletas en Colombia es una medida técnicamente discutible y de alta complejidad social. Mientras la motocicleta se mantenga como el motor de movilidad socioeconómica de los sectores de menores ingresos y la principal herramienta productiva del país, cualquier intento de reformar la Ley 787 de 2002 enfrentará un sólido contrapeso tanto en el debate legislativo como en el ámbito público.