La verdad de las fotomultas

Muchas preguntas nos están llegando acerca de la reciente intervención de la Corte Constitucional en dónde se ratificaba el fallo que daba nulidad a la posibilidad de que el propietario del vehículo fuera el solidario responsable por las multas impuestas a su placa, por medio de cámaras de foto detecciones.

La alcaldía de Medellín y la Federación de Municipios (Fedemunicipios) le solicitó al ente judicial que anulara el fallo del pasado 6 de febrero, el cual establecía que las personas que deberían pagar las infracciones son aquellas directamente responsables de haber cometido las contravenciones, y no los dueños de los automotores.

Según el ente judicial, “Se rechazarán las solicitudes de nulidad fundadas en los anteriores argumentos, por no satisfacer la carga argumentativa necesaria para discutir la validez de sentencias proferidas por la Corte en sede de control abstracto y revestidas de la fuerza de la cosa juzgada constitucional” dejando en pie las decisiones tomadas en la sentencia C-038 de 2020, que modificó la ley 1843 de 2017.

Con la decisión se deja en claro que si no hay identificación plena del conductor, las autoridades de tránsito correspondientes no podrán imponer comparendos, por lo mismo y con la orden de la sentencia anteriormente nombrada, al congreso de la república le corresponde reglamentar el tema de cámaras salvavidas, teniendo en cuenta “la presunción de culpabilidad, inadmisible a la luz del artículo 29 de la Constitución” como lo expresó José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional.

A pesar de la decisión jurídica, que solo derogó uno de los apartados de la ley anteriormente nombrada, diferentes secretarías de tránsito continuarán con la imposición de los comparendos, pues consideran que brindar la oportunidad al dueño del vehículo de comparecer y hacer los descargos correspondientes, hace parte del debido proceso, sin embargo, diferentes expertos consideran que esto no es posible pues es la autoridad quien debe demostrar las responsabilidades y no puede trasladarle la carga probatoria a los ciudadanos.

Estaremos pendientes de los próximos pronunciamientos de las autoridades ejecutivas y judiciales sobre el tema, así como del órgano legislativo, quien tiene como tarea pendiente, la discusión de cómo va a ser la identificación plena de los infractores, pues cámaras con reconocimiento facial aún no están disponibles.

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