Por lo tanto, si quieren enfrentar la delincuencia, prohíben la movilidad de los motociclistas con pasajero; si se trata de problemas de movilidad, simplemente tienen que decretar el pico y placa y culpar a las motos de la situación; si se da el caso de un incremento en los índices de accidentalidad, de nuevo culparán a quienes se movilizan en dos ruedas, argumentando que son irresponsables y conducen sin control ni ley. Y es que las cifras hablan por sí solas, en más de 70 ciudades capitales y poblaciones se están imponiendo restricciones a los motociclistas.

Y así, la lista de motivos para seguir restringiendo el libre tránsito de las motocicletas a lo largo y ancho del territorio nacional no tiene límite. Sin embargo, si nos enfocamos en el caso de Cartagena, observamos que es uno de los más críticos a nivel nacional, no solo por las normas impuestas, sino por la violación de los derechos de aquellos ciudadanos que encontraron en la moto la mejor alternativa para transportarse.

Medidas sin sustento ni análisis previo

Desde hace 12 años, aproximadamente, se viene aplicando el pico y placa a las motos que circulan por las vías cartageneras, y como expresan los motociclistas del común (estudiantes, trabajadores, empresarios), sigue pasando el tiempo y las congestiones se mantienen, los actos delincuenciales no cesan, los accidentes se siguen presentando; y ¿cuál es la respuesta de las autoridades ante esta evidente realidad?, mantenerse en su posición sin importar que ni los resultados, ni las cifras demuestren un beneficio real para la sociedad cartagenera.

Entre las restricciones que afectan a los moteros, se cuenta el ‘Pico y placa’, que obliga a las motos con placa par a transitar en días pares y las de placa impar, los días impares; siendo una medida que rige durante todo el día, a diferencia de otras ciudades, donde ésta tiene vigencia por periodos limitados. Además, con el Decreto que se empezó a aplicar desde el pasado 28 de agosto de 2014, también extendió el ‘Viernes sin motos’, de modo que el segundo y último viernes de cada mes los motociclistas tienen que dejar sus vehículos en el parqueadero. Haciendo cuentas, de los 20 días hábiles que tiene cada mes, los dueños de motos en Cartagena están imposibilitados a usarla la mitad, es decir, adquirieron un vehículo que solo puede funcionar medio tiempo, pero por el que deben pagar impuestos como si circulara permanentemente, hecho que indigna a muchos propietarios.

Pero el tema no para ahí, igualmente se les restringe el ingreso y circulación por el Centro Amurallado de la ciudad, así como en el barrio Getsemaní; y tienen prohibido estacionar en parqueaderos y bahías de edificaciones de uso público, como: bancos, estaciones de gasolina, clubes, entidades gubernamentales y vías.

Lógicamente, existen excepciones que benefician a las motos que están a disposición de la fuerza pública, de las autoridades de tránsito, del personal de entidades estatales, de organismos de socorro, escoltas, personal de seguridad privada; así como a las motocicletas que sirven en empresas de mensajería y mensajeros vinculados por contratos de trabajo; pero éstos deben demostrar que están laborando y portar el carné de la empresa.

Y los moteros qué opinan

Inconformidad y disgusto resumen la posición de los motociclistas, que ya no soportan más ese maltrato por parte de las administraciones municipales, tanto de la actual como de las anteriores. Y claro está, muchos se quejan y sostienen que se trata de una injusticia, pero hasta ahora se están uniendo para tomar medidas legales, que protejan y reintegren sus derechos como miembros activos de la sociedad.

Muchos de ellos se han puesto en la labor de contabilizar los tiempos que tardan en movilizarse de un sector a otro de la ciudad en automóvil o bus, y queda claro que con o sin motos, el caos vial se sigue registrando, tardando más de lo que deberían para cumplir con el trayecto. En consecuencia, explican que las restricciones no están consiguiendo una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía; por el contrario, son una afectación directa a cientos de personas que usan la moto para ir diariamente al trabajo, la universidad, realizar labores personales y otras cuestiones, que nada tienen que ver con el mototaxismo o la delincuencia.

El abogado que adelanta las acciones legales en defensa de los motociclistas, se refirió a la situación: “vamos a entregar una carta al Concejo de Cartagena, a la Alcaldía y al Congreso, donde exponemos claramente que desde hace muchos años se viene cometiendo una injusticia, que se ha perpetuado gracias a la indiferencia, tanto de motociclistas como de los entes de control, que lo han permitido. Estos decretos sin fin ni límite afectan los derechos de la mayoría y ponen a justos a pagar por pecadores. Y lo peor de todo, como el Gobierno Municipal nos culpa de todos los males que aquejan a la ciudad, existe un evidente rechazo y una discriminación clara contra nosotros por parte de ciertos sectores de la comunidad, que ve con malos ojos a cualquier motociclista, generando así una crisis social que ellos no han teniendo en cuenta”.

Finalmente, mediante un Derecho de petición, solicitaron los estudios técnicos en los que se sustentan estas medidas y restricciones contra el gremio motociclista de la ciudad amurallada, pero hasta ahora no han recibido respuesta alguna, ni un informe o análisis que demuestre la necesidad de mantener en vigencia estos decretos.