¡LAMENTABLE! A la Secretaría de Movilidad se le complicaron las cosas por esta razón

El pasado 19 de junio de 2025, se publicó en la Gaceta del Congreso el Informe de Conciliación de este proyecto. El cual solo está a la espera de la sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley. Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad parece haber despertado tarde a una realidad que ya se impone en las calles.

El Concejal Julián Forero salió al frente de dicha noticia y son varios frentes los que toca. Les contamos.

Resulta llamativo que apenas ahora, cuando el proceso legislativo está prácticamente concluido, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, haya decidido expresar públicamente su oposición a la iniciativa.

Después de más de dos años de debates en el Congreso y múltiples espacios de participación y deliberación, la administración distrital intenta incidir en una normativa que, a todas luces, avanzó sin su aporte efectivo. La crítica es clara. Se dejó pasar la oportunidad de influir de manera técnica y fundamentada cuando todavía había margen de maniobra.

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Lo que está pasando con la movilidad

Durante este prolongado trámite legislativo, la Secretaría de Movilidad no lideró mesas de trabajo ni convocó al gremio de movilidad eléctrica. Tampoco recogió las necesidades reales de los usuarios ni aportó insumos técnicos que ayudaran a construir una regulación coherente. Hoy, sus objeciones surgen sin bases sólidas y sin haber trabajado colectivamente en soluciones. Como dice el refrán, “ya no se puede llorar sobre la leche derramada”.

El argumento central que esgrime ahora la Secretaría gira en torno a la seguridad vial. Sin embargo, es necesario preguntarse cuántos ciudadanos han elegido vehículos eléctricos personales precisamente por considerarlos una opción más segura, eficiente y digna. Esto ante un sistema de transporte público que enfrenta serias deficiencias.

Para miles de bogotanos, bicicletas eléctricas, scooters y otros vehículos livianos representan una alternativa real. Sirven para evitar los eternos trancones y la inseguridad que caracteriza al transporte masivo.

Factores determinantes

La creciente adopción de la movilidad eléctrica en Bogotá no es casualidad. Frente al deterioro del SITP, cada vez más ciudadanos buscan soluciones prácticas y accesibles para desplazarse. Las rutas cerradas, los costos elevados, la inseguridad y la falta de cobertura en sectores vulnerables han convertido a estos vehículos eléctricos en una respuesta espontánea a una necesidad insatisfecha. No es justo que ahora se les catalogue como potencialmente peligrosos. Tampoco que se estigmatice a un sector surgido para llenar el vacío dejado por la gestión pública.

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Miles de madres cabeza de hogar, padres de familia, adultos mayores y jóvenes estudiantes han encontrado en estos vehículos eléctricos una herramienta que les brinda autonomía y eficiencia.

Otros aspectos

No se puede criminalizar a quienes han optado por esta forma de movilidad cuando ha sido el Estado el que no ha garantizado un sistema de transporte digno. Más bien, debería reconocerse el valor social y ambiental de estas alternativas. Estas contribuyen a descongestionar las vías y a reducir la huella de carbono.

Incluso, la propia Secretaría admite en su comunicado del 24 de junio que la falta de placas de identificación en estos vehículos genera problemas para el control y la inmovilización. Pero preocupa que la prioridad del Distrito parezca enfocada más en los ingresos por grúas y patios que en garantizar derechos. Esto en vez de promover un modelo de movilidad sostenible. Este cambio de narrativa en la Secretaría, de apoyar la transición energética a intentar frenarla, deja en evidencia la falta de coherencia y planeación.

Finalmente

La realidad es contundente: a la Secretaría de Movilidad le quedó grande enfrentar la transformación de la movilidad en Bogotá. Su inacción y falta de visión obligaron al Congreso a intervenir y regular lo que las autoridades locales no supieron atender.

Desde el Concejo de Bogotá, se vigilará de cerca la implementación de esta nueva ley, promoviendo espacios de participación amplia. Se exigirá que se aborden las necesidades técnicas y sociales de este sector que, sin duda, llegó para quedarse. La pedagogía en seguridad vial y la construcción de normas equitativas deben ser el camino. No la simple persecución o el afán recaudatorio.