¿Nuevo Código Nacional de Tránsito? Esto es lo más reciente

Por: Iván Darío García Franco – Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

Por eso, la discusión que hoy se abre sobre una posible reforma al Código Nacional de Tránsito debería ir mucho más allá de modificar artículos, ajustar sanciones o actualizar procedimientos. La pregunta de fondo es otra: ¿el marco normativo que tenemos responde realmente a la movilidad que hoy vivimos y a la que tendremos en los próximos años?

Desde la industria de motocicletas creemos que la respuesta es no.

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Colombia no necesita simplemente una reforma al Código de Tránsito. Necesita construir un nuevo Código Colombiano de Movilidad y Seguridad Vial, capaz de responder a los cambios que ha experimentado el país y, sobre todo, de poner la protección de la vida en el centro de todas las decisiones.

Durante años hemos concentrado buena parte del debate en multas, comparendos y controles. Sin embargo, la verdadera pregunta es cómo construir un sistema que permita que las personas lleguen seguras a su destino. La movilidad moderna exige una visión más amplia, más integrada y más orientada a la prevención.

Con ese propósito, hemos propuesto seis elementos para enriquecer esta discusión.

La primera propuesta es cambiar el enfoque. El tránsito ya no puede entenderse únicamente como la circulación de vehículos y el cumplimiento de normas. Hoy la movilidad involucra peatones, ciclistas, motociclistas, transporte público, vehículos de carga, nuevas tecnologías y múltiples formas de desplazamiento que interactúan en un mismo espacio. Un nuevo Código debe reconocer esa complejidad y asumir que su misión principal no es sancionar, sino garantizar desplazamientos seguros para todos.

La segunda propuesta es consolidar el Sistema Seguro y el enfoque territorial como principios rectores de la normativa. Sabemos que el error humano siempre existirá. Lo que no debería ser inevitable es que ese error termine en una lesión grave o en una muerte. Esa es precisamente la esencia del Sistema Seguro: diseñar infraestructura, vehículos, velocidades, controles y procesos de formación que reduzcan las consecuencias de los errores cuando estos ocurren. Al mismo tiempo, debemos reconocer que los desafíos de movilidad no son iguales en todo el territorio. Las necesidades de Bogotá, Medellín o Cali son distintas a las de Quibdó, Leticia, Sincelejo o los municipios rurales. La meta debe ser la misma en todo el país: proteger la vida. Pero las soluciones deben responder a las realidades de cada región.

Una propuesta más ante dicha necesidad

La tercera propuesta parte de una realidad que ya no admite discusión: la motocicleta es un medio de transporte popular más importante del país, permanente y esencial para millones de colombianos. Pretender diseñar la movilidad del país ignorando esta realidad sería desconocer más de la mitad del parque automotor nacional y el papel que la motocicleta cumple en el acceso al empleo, la educación, los servicios y las oportunidades productivas. Por ello proponemos un capítulo específico para la seguridad de los motociclistas. No se trata de otorgar privilegios ni de flexibilizar exigencias. Se trata de reconocer sus riesgos particulares y abordarlos de manera integral mediante mejores condiciones de infraestructura, formación, tecnología, elementos de protección y gestión de velocidades. Más que controlar al motociclista, el objetivo debe ser protegerlo mejor.

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La cuarta propuesta busca convertir al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en una verdadera plataforma estratégica para la toma de decisiones. Ninguna política pública puede ser efectiva si se construye sobre información incompleta o desactualizada. Colombia necesita conocer con mayor precisión cuántos vehículos están realmente circulando, cuáles permanecen activos y cuál es la composición real de su parque automotor. La depuración permanente de registros, la interoperabilidad entre sistemas y el acceso a información de calidad son condiciones indispensables para diseñar mejores políticas de movilidad y seguridad vial.

¿Y qué opinan de la que viene?

La quinta propuesta consiste en fortalecer las investigaciones en profundidad de los siniestros viales. Cuando ocurre una muerte en las vías, es necesario determinar responsabilidades, pero también comprender qué falló dentro del sistema para evitar que el hecho vuelva a repetirse. Cada siniestro grave debe convertirse en una fuente de aprendizaje. Analizar patrones, identificar riesgos recurrentes y detectar fallas en la infraestructura, la regulación o la formación puede generar información valiosa para prevenir futuras tragedias y salvar vidas.

Finalmente, proponemos una transformación profunda del sistema de formación y licenciamiento de conductores. Obtener una licencia debe ser la evidencia de una competencia demostrada para conducir de manera segura y responsable, no la simple culminación de un trámite administrativo. El país necesita fortalecer los exámenes teóricos y prácticos, desarrollar procesos de formación diferenciados según el tipo de vehículo e implementar mecanismos como la licencia por puntos, que permitan corregir conductas de riesgo y promover la educación continua. Todo ello garantizando que la calidad del sistema no se convierta en una barrera económica para millones de colombianos.

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Estas propuestas tienen un hilo conductor común: construir una política pública basada en evidencia, centrada en las personas y orientada a preservar la vida. La movilidad del siglo XXI no puede seguir gobernándose con reglas concebidas para la realidad de 2002. El país cambió, los vehículos cambiaron, las formas de desplazamiento cambiaron y los desafíos de seguridad vial también cambiaron.

La discusión que hoy se abre representa una oportunidad histórica. No para actualizar un texto normativo más, sino para definir la visión de movilidad que Colombia necesita para las próximas décadas.

Al final, el debate no es jurídico ni administrativo. Es una decisión sobre el país que queremos construir. El éxito de un nuevo Código no debería medirse por el número de comparendos que impone ni por la cantidad de sanciones que establece. Debería medirse por algo mucho más importante: la capacidad de proteger la vida de quienes todos los días usan las vías del país.