Ya es hora de chatarrizar motos

El dato es contundente: el parque automotor de motocicletas tiene una edad promedio cercana a los 11 años. Y estamos hablando de un universo de alrededor de 11 millones de motos. En los vehículos particulares la situación tampoco es alentadora: su edad promedio ronda los 15 años, según las cifras citadas recientemente por La República.

El problema es que Colombia tiene mecanismos mucho más desarrollados para la desintegración de vehículos de transporte público y de carga que para las motocicletas particulares. En estos segmentos existen procedimientos e incluso esquemas de reconocimiento económico asociados a la desintegración y renovación.

Para una moto particular, en cambio, no existe un programa nacional de renovación que realmente haga atractivo entregarla cuando llega al final de su vida útil.

Y ahí aparece un problema que conocemos bien: muchas veces resulta económicamente más sencillo vender esa moto vieja, trasladarla a otro municipio o incluso dejar que siga circulando hasta que definitivamente deje de funcionar. El resultado puede ser que una motocicleta que ya debería entrar en un proceso formal de desintegración termine abandonada, desarmada o convertida en chatarra sin que necesariamente exista un manejo adecuado de sus residuos.

Entonces sí: Colombia debería crear una política de chatarrización de motocicletas. Pero no debería empezar prohibiendo.

El primer camino debería ser el de los incentivos.

¿Por qué no crear programas mediante los cuales el propietario reciba un beneficio económico por entregar voluntariamente su motocicleta para desintegración? ¿Y si se permite que las marcas, concesionarios y ensambladores participen en planes de renovación? ¿Qué tal convertir esa moto vieja en parte del pago de una nueva, con beneficios adicionales cuando la nueva motocicleta tenga mejores estándares ambientales y de seguridad?

Ya existen ejemplos de que los incentivos pueden utilizarse para acelerar la renovación. En Bogotá, por ejemplo, Foncarga ofrece apoyos financieros para que propietarios de vehículos de carga antiguos los sustituyan por tecnologías más limpias.

Ese debería ser el principio para las motos: hacer que renovar sea más atractivo que seguir conservando indefinidamente una motocicleta agotada.

Por supuesto, también puede existir una segunda etapa. Si una motocicleta supera determinados criterios de antigüedad, emisiones, seguridad o condiciones técnico-mecánicas, el Estado podría establecer mecanismos progresivos para sacarla de circulación. Pero eso tendría que hacerse con reglas claras, debido proceso y, sobre todo, alternativas reales para el propietario.

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Lo que no compartimos es trasladar esa responsabilidad a terceros.

El editorial publicado hoy por La República plantea, entre otras alternativas, restringir la circulación de vehículos que no puedan ser asegurados por su antigüedad u obsolescencia.

El problema es que eso podría convertir una decisión comercial de una compañía privada en un mecanismo indirecto para sacar un vehículo de circulación. Y ahí la discusión deja de ser solamente ambiental: también entra en el terreno de las libertades del propietario y de las responsabilidades que corresponden al Estado.

Una aseguradora debería poder establecer sus condiciones para ofrecer un seguro. Pero no deberíamos convertir la decisión de una empresa privada en la puerta de entrada a una chatarrización obligatoria.

Desde PubliMotos creemos que Colombia sí necesita renovar su parque de motocicletas. Pero la solución no puede ser simplemente decirle al motociclista: su moto ya está vieja, entréguela.

Hay que darle una razón para hacerlo.

Si queremos menos motos viejas, más seguras y menos contaminantes, hagamos que cambiar de moto sea una oportunidad y no una obligación.

Ese debería ser el verdadero comienzo de una política de chatarrización para las motocicletas en Colombia.

Artículo de Karim Chalá