Los peligros de renovar el Código Nacional de Tránsito si no se hace bien

Y sí: el Código Nacional de Tránsito necesita una revisión profunda.

La Ley 769 es de 2002. Han pasado 24 años y la movilidad colombiana cambió radicalmente. Pero aquí aparece el primer error que no deberíamos cometer: creer que durante todo este tiempo la legislación se quedó congelada. Sin embargo, el Código Nacional de Tránsito ha mostrado una evolución constante.

No es así.

El Código ha sido modificado varias veces. De hecho, artículos específicos para motociclistas fueron actualizados en años recientes. El artículo 96, por ejemplo, fue modificado por la Ley 2251 de 2022, mientras que la Ley 2435 de 2024 volvió a modificar el régimen de algunas infracciones aplicables a motociclistas.

Y hay un ejemplo todavía más reciente.

Las bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas y otros vehículos de micromovilidad ya tienen una regulación específica. En agosto de 2026 el Ministerio de Transporte expidió una resolución que desarrolla la Ley 2486 de 2025 y establece una clasificación para estos vehículos en el Código Nacional de Tránsito actual.

Entonces, ¿qué es realmente lo que hace falta?

La respuesta, desde nuestra perspectiva, no debería ser simplemente escribir otro Código más grande.

Hace falta ordenar el sistema.

Hoy un conductor puede encontrarse con una ley, una reforma de esa ley, un decreto, una resolución, una circular y una interpretación administrativa que terminan construyendo las reglas reales de la movilidad. El propio Ministerio acaba de publicar una Resolución Única Compilatoria en materia de tránsito, una señal bastante clara de que el problema también es de dispersión normativa.

Y esto importa especialmente para los motociclistas.

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El peligro de hacer un Código contra la moto

Actualizar una norma no puede convertirse en la oportunidad para llenar el Código de nuevas restricciones.

Las motocicletas son uno de los principales medios de transporte del país y para millones de personas también son una herramienta de trabajo. Por eso, cualquier nueva obligación debe responder a una pregunta sencilla: ¿realmente mejora la seguridad vial o simplemente aumenta el costo de tener una moto?

Hay temas que sí merecen una revisión y deberían estar bajo el marco del Código Nacional de Tránsito.

Las multas deben ser proporcionales y tener una relación lógica con el riesgo generado. Las inmovilizaciones necesitan reglas claras. Los costos de patios y grúas deben ser revisados. La formación de conductores necesita estándares mucho más exigentes. Las fotomultas requieren controles que garanticen que sancionar no se convierta en recaudar. Y los procesos administrativos deben ser mucho más sencillos.

Pero tampoco podemos pretender que un nuevo Código resuelva absolutamente todo.

Por ejemplo, el pico y placa debería seguir siendo una herramienta de las autoridades territoriales. Las ciudades tienen realidades diferentes y necesitan capacidad para tomar decisiones sobre su movilidad. Además, es esencial recordar que el Código Nacional de Tránsito regula estos y otros aspectos de la vida cotidiana de los conductores.

Otro asunto que debería quedar absolutamente claro es el de los peajes.

¿Qué pasará con las motocicletas? ¿Se mantendrá la exención? ¿En qué condiciones? ¿Habrá una regulación nacional clara? Es un asunto que millones de motociclistas necesitan conocer antes de que aparezca una nueva norma.

Y hay un tema todavía más delicado: la relación entre las decisiones privadas y el derecho a circular.

No sería conveniente que una aseguradora, un operador privado o cualquier otro tercero termine teniendo indirectamente la capacidad de determinar qué vehículos pueden seguir circulando. Una cosa es establecer condiciones comerciales para prestar un servicio y otra muy distinta convertir una decisión privada en una barrera para la movilidad.

La seguridad vial debe ser responsabilidad del Estado y debe garantizarse mediante reglas claras, controles efectivos y autoridades que cumplan su función.

No necesitamos otro Código lleno de parches

La discusión debería ser mucho más ambiciosa.

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Colombia necesita un sistema de tránsito simple, moderno, coherente y fácil de entender.

Un sistema que incorpore correctamente las nuevas tecnologías, pero que también regule lo que realmente está ocurriendo en las calles: motocicletas, vehículos eléctricos, micromovilidad, sistemas automáticos de detección, nuevas formas de transporte y nuevas herramientas de formación.

Y, sobre todo, un sistema que deje de confundir seguridad vial con cantidad de sanciones.

Porque renovar el Código no debería significar simplemente cambiar el precio de las multas, aumentar restricciones o crear nuevas infracciones.

El verdadero reto es construir unas reglas que permitan que todos sepamos qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cuáles son las consecuencias cuando incumplimos.

Para los motociclistas, esa diferencia es fundamental.

Porque un mal Código puede convertirse en una barrera más para movilizarse y trabajar.

Uno bien hecho puede convertirse, finalmente, en la herramienta que Colombia necesita para ordenar su movilidad.