¿Ambulancia salvavidas o arma para mercenarios de la salud?

Por Daniel Acosta Aular

La reciente noticia que sacude a la capital —registrada por cámaras de seguridad en la localidad de Suba, donde una ambulancia pelea un carril con un motociclista, lo arrolla y lo deja abandonado a su suerte en el pavimento — no es un simple «choque entre actores viales».

Es el síntoma más claro de una descomposición social y sistémica que clama por justicia y control. Además, clama por, sobre el papel y la práctica, todo el peso de la ley. En este contexto, cabe preguntarse si realmente son ambulancias salvavidas o armas en las vías. ¿Qué opinan ustedes?

El video que desnuda la tragedia humana

La escena descrita por los medios como Semana estremece la conciencia de cualquier motociclista y de cualquier ciudadano con un mínimo de lógica. Además, lo peor es que no es la primera vez que sucede, si busca en Google ha sucedió repetidamente. En algunos casos, ha ocurrido además con resultados impresionantes.

Ver cómo un vehículo supuestamente destinado para salvar vidas terminó convirtiéndose en un arma en manos de estos mercenarios de la salud, tumbando a un motociclista, es indignante. Luego, se comportaron de una manera completamente inverosímil. Aceleraron y huyeron cobardemente sin prestar los auxilios mínimos. Esto, de manera increíble, es lo que ellos están destinados a hacer.

Realmente esto nos confronta con una realidad insoportable. ¿En qué momento perdimos la humanidad? ¿En qué momento los profesionales de la medicina han dejado a un lado su razón de ser?

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Lo de las ambulancias en Bogotá y otras capitales toca una fibra criminal inaceptable: las mafias de los «cazasoat».

Las mafias del SOAT: el negocio del dolor

¿Cuántas veces más tendremos que presenciar el abuso descarado de las ambulancias? La norma es clara: el artículo 64 del Código Nacional de Tránsito establece que los vehículos de emergencia solo deben hacer uso de sirenas y balizas cuando se encuentren en estricta misión de emergencia.

Sin embargo, en el día a día de nuestras vías, vemos cómo la sirena es la herramienta para convertirse en el «pase VIP» con el que ambulancias piratas y comerciales esquivan los trancones. Además, esas ambulancias compiten de manera temeraria para llegar primero a la escena de un accidente. Así aseguran el jugoso incentivo económico que paga el SOAT o las clínicas aliadas por cada herido reclutado.

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Esta práctica mafiosa transforma un servicio asistencial en una cacería humana en la que el motociclista —el eslabón más vulnerable de la cadena en el asfalto— pasa a ser una simple «cuota de producción». Y cuando ocurre la desgracia, cuando la imprudencia y la velocidad criminal de estos supuestos rescatistas provocan el siniestro, operan bajo la ley del silencio y la fuga. Tal como ocurrió en este caso en Suba.

La normativa colombiana ante el abuso

Lo ocurrido no es un simple «accidente de tránsito» que se resuelve con un parte amistoso o multa; estamos frente a una cadena de violaciones normativas de extrema gravedad en tres legislaciones fundamentales de nuestro ordenamiento. Aquí cito algunos artículos que se le podrían aplicar a esta situación. No soy abogado, pero creo que los juristas podrían profundizar más en esto:

1. Normativa de Tránsito (Ley 769 de 2002): El uso fraudulento de sirenas, la invasión de carriles exclusivos sin justificación médica real, y la conducción temeraria configuran infracciones gravísimas.
   1. Las secretarías de movilidad y los organismos de control tienen la obligación de cruzar datos. Además, deben suspender licencias y cancelar habilitaciones a empresas de ambulancias que operan al margen de la ley.
2. Normativa Penal (Ley 599 de 2000 – Código Penal): El conductor que arrolla a un ciudadano y huye del lugar sin prestar asistencia incurre presuntamente en el delito de omisión de socorro (Artículo 131), agravado además por las lesiones personales culposas (o incluso dolo eventual según las circunstancias de la maniobra imprudente). Por otra parte, la justicia penal militar u ordinaria, según corresponda, debe actuar con celeridad para que la fuga de un accidente de tránsito deje de ser una estrategia de impunidad.
3. Responsabilidad Civil Extracontractual (Código Civil – Artículo 2341): Tanto el conductor material como la empresa propietaria de la ambulancia están inmersos en la obligación de indemnizar integralmente los daños materiales y morales causados. Esto se debe a la actividad peligrosa que implica la conducción de un automotor de emergencia fuera de los protocolos legales.

Un llamado a la conciencia y al orden

No podemos seguir normalizando la ley y decir que es cotidiano por vivir en una selva en las calles. Como actores viales, instructores y dolientes del motociclismo en Colombia, exigimos a las autoridades distritales y nacionales —a la Secretaría de Movilidad, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Policía Nacional— una intervención implacable contra las empresas de ambulancias fachada que lucran con la desgracia ajena.

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El respeto en la vía no es un favor que se pide, es una obligación constitucional y ética. Un motociclista en el suelo no es una estadística ni un botín económico; es un padre, un hijo, un trabajador o un ciudadano que merece el respeto absoluto a su vida. ¡Basta ya de mafias en las ambulancias y de impunidad en las vías de Colombia!

¿Qué opina? Los leo.